Ayuso anuncia un servicio de apoyo a las familias en las residencias y, dos años después, no hay ninguna empresa que pueda gestionarlo

Madrid

Han pasado dos años desde que la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, anunció la creación de una oficina de atención y apoyo a las familias en las residencias de mayores públicas. Lo hizo tras una reunión del Consejo de Gobierno en Alcalá de Henares en un momento en el que había casos de comida en mal estado en los centros y quejas de las familias y los residentes.

El Gobierno regional optó por privatizar este servicio y no ha sido hasta diciembre del año pasado cuando la Consejería de Asuntos Sociales ha sacado los pliegos del concurso. El resultado ha sido que solo se ha presentado una empresa, que no ha cumplido los requisitos, así que el concurso ha quedado desierto.

Para la diputada socialista que se encarga de los temas de residencias, Lorena Morales, esto representa otro intento de negocio a costa de lo público. "Es que ya hace negocio de todo (en referencia la presidenta Ayuso). Hasta de su propia mala gestión está haciendo negocio cuando lo que tiene que hacer es atender bien a los usuarios y tener el personal suficiente dentro de la residencias".

Las funciones de este servicio incluirían analizar la satisfacción de las familias con las residencias, participar en los protocolos de acogida a nuevos residentes o atender sus sugerencias, quejas o reclamaciones.

Por esto motivo, Morales interpreta que "esta figura de intermediario lo que va a suponer es un veto. Va a ser una manera de evitar que esas reclamaciones, que son documentos oficiales, se produzcan y que todo quede bien escondido. Que la miseria que se produce en las residencias esté debajo de la alfombra. Eso es lo que quiere la señora Ayuso", concluye.

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Desde la Consejería de Asuntos Sociales se limitan a decir que el nuevo contrato se publicará a la mayor brevedad posible y que se ofrecerán las máximas garantías, sin especificar cómo lograrán que se presenten más empresas. El contrato tiene una duración de cuatro años y está valorado en 4.084.137,20 euros.