Las asociaciones de personas con discapacidad física se unen a las familias y denuncian que los centros educativos de Madrid no están adaptados

Madrid

La Federación de Asociaciones de Personas con Discapacidad Física y Orgánica de la Comunidad de Madrid (FAMMA) se une a las familias y denuncia también que los centros educativos no están adaptados para personas con discapacidad motora. La FAPA Francisco Giner de los Ríos ha realizado un informe en el que concluye que el 92% de los colegios e institutos de la enseñanza básica no están preparados para estudiantes con una discapacidad motora.

El presidente de FAMMA, Javier Font, considera que para este alumnado no existe la libertad de elección de centro e invita al consejero de Educación, Emilio Viciana, a que visite los centros. "La libre elección es una auténtica falsedad porque eso solamente puede ocurrir con aquellos menores que, afortunadamente para ellos y para sus familias, no tienen ningún tipo de discapacidad. Yo le diría al señor consejero que solo el 7,41% de los centros están adaptados, o que muchas rampas, baños y accesos no cuentan con la normativa vigente, o que existe escasez de personal especializado. Son un un sinfín de cosas que se le podrían reprochar al señor consejero y, además, que me demuestre que esto no es así llevándole de la mano a la realidad que es visitar los centros en su día a día".

Las familias piden una normativa para que todos los centros sean accesibles. En la Consejería de Educación defienden que ya existe la normativa y en FAMMA dejan claro que no. "Taxativamente digo no. Tienen en un cajón abandonado un borrador de decreto que le propuso el tejido asociativo de la discapacidad a este consejero y al anterior en el que se concreta el derecho a la educación de manera específica. ¿Por qué no se ha querido llevar a cabo esto? Porque concreta cosas como que tiene que haber una partida presupuestaria", subraya Font.

Por todo esto, desde la Federación de Asociaciones de Personas con Discapacidad Física y Orgánica de la Comunidad de Madrid, reclaman a la Consejería de Educación que se lo "tome en serio" porque "es un derecho" y el "futuro de los menores".