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La Comunidad de Madrid recuerda que ha impuesto sanciones de 160.000 euros a Corrugados por incumplimientos

La Consejería de Medio Ambiente insiste en que es el Ayuntamiento el que debe sancionar el ruido en los entornos residenciales

Imagen del humo que emite la factoría de Corrugados en Getafe / Plataforma Afectados Corrugados Getafe

Imagen del humo que emite la factoría de  Corrugados en Getafe

Getafe

Después de conocer las críticas del Ayuntamiento de Getafe a la nueva Autorización Ambiental Integrada de Corrugados, desde la Consejería de Medio Ambiente de la Comunidad de Madrid han rechazado las críticas del gobierno municipal y han defendido su actuación en materia de control de emisiones de la planta.

En declaraciones a la agencia EFE, fuentes de la Consejería recalcan que, cumpliendo estrictamente sus competencias en materia de evaluación, seguimiento y disciplina ambiental, el Ejecutivo regional "ha emitido 12 expedientes sancionadores desde 2016, ante incumplimientos constatados, acompañados de sanciones por valor de 160.000 euros y dos nuevos expedientes en tramitación por valor de 80.000 euros".

"Desde el Gobierno regional se desconoce las sanciones impuestas por el Ayuntamiento de Getafe por exceso de ruido en las viviendas limítrofes a la acería", han añadido las fuentes. Además, afirman que el Ayuntamiento de Getafe cuenta con un mapa de ruido municipal que fue aprobado en 2013 y revisado en 2023 por el propio Consistorio de Getafe, que establece los niveles máximos de emisión acústica.

"Sin embargo, durante estos años el consistorio no ha limitado el alto nivel de ruido que emite la instalación industrial, ni ha ejercido su competencia para acabar con los niveles superiores de ruidos a los establecidos en su mapa de ruido que afectan a los vecinos", concluye la consejería.

Defienden la Autorización Ambiental

La Comunidad de Madrid sostiene que la nueva revisión de la autorización ambiental integrada (AII) de la fundición Corrugados sí que limita el funcionamiento de su actividad y ha reiterado que la responsabilidad del control del ruido en suelo residencial corresponde al Ayuntamiento de Getafe. Así se ha pronunciado la Comunidad después de que el Consistorio getafense tildara de "insuficiente" la nueva AII, ya que "deja en manos de la empresa seguir funcionando como hasta ahora" dando así "vía libre a Corrugados para mantener las molestias a los vecinos" de los barrios de Juan de la Cierva y Los Molinos.

Fuentes de la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio han recalcado que la nueva AII "limita el funcionamiento de la actividad en acería al día y la tarde", restringiendo además el horario nocturno "hasta que la empresa adopte las medidas de control necesarias a los niveles adecuados, de manera que se pueda garantizar el descanso de los vecinos".

En cuanto al olor, estas fuentes insisten en que "se ha establecido la obligación de realizar un estudio olfatométrico con frecuencia anual y se ha regulado el nivel objetivo de olores del horno de laminación, que van a requerir medidas correctoras".

Además, para reducir las emisiones a la atmósfera, se ha determinado "la conexión de sistemas de depuración entre los dos focos de proceso no catalogados: el del foso de enfriamiento de escoria negra y el de emisiones por enfriamiento de la colada en la nave de acería norte". "Se deberá cerrar parcialmente la zona del segundo almacenamiento de escorias, actualmente a la intemperie, y dotarla de barreras físicas", añaden desde la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio, donde reiteran que la responsabilidad del control del ruido en suelo residencial corresponde al Ayuntamiento de Getafe.

En este sentido, explican que el informe pericial de la Fiscalía de Medio Ambiente referente a Corrugados, en su página 53, establece que "en lo que respecta al ordenamiento local, la ley atribuye competencias a los ayuntamientos para elaborar ordenanzas en materia de protección del medio ambiente frente al ruido y vibraciones". "En base al rigor jurídico, a la Comunidad de Madrid únicamente le corresponde supervisar y sancionar los incumplimientos de la Autorización Ambiental Integrada (AAI), según establecen la Ley y los letrados de la Abogacía", añaden fuentes de la Consejería, que lleva dos décadas defendiendo esta postura.

 
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