Tribunales

Se reactiva la investigación por de un delito de homicidio imprudente contra Díaz Ayuso y dos exconsejeros por las muertes en las residencias

Ya hay 25 procedimientos cerrados por el fallecimiento de ancianos por Covid en residencias públicas madrileñas

unos 44.000 ancianos se encontraban en geriátricos madrileños durante el Estado de Alarma en 2020 / sanjagrujic

unos 44.000 ancianos se encontraban en geriátricos madrileños durante el Estado de Alarma en 2020

Madrid

Se reactiva esta investigación judicial que tiene como querellados desde 2021 a los exconsejeros Enrique López y Enrique Ruiz Escudero y a la presidenta Isabel Díaz Ayuso.

Este nuevo impulso fijado por el juzgado de instrucción número 3 de Collado Villalba incide en averiguar la perpetración de un delito de homicidio imprudente por el fallecimiento de una anciana durante la pandemia en un geriátrico de esta localidad serrana.

Ahora se dicta la práctica de nuevas diligencias a instancia de la acción popular. La empresa que gestiona la residencia bajo investigación, Sanitas Mayores, debe remitir a ese juzgado: el número de empleados cuando comenzó el estado de alarma, la ratio de trabajadores por residentes, el número de respiradores que existían en el centro, los protocolos de aislamiento y las hojas de control sobre los residentes aislados.

Pero sin duda la gran novedad es que dos médicos son llamados a declarar en calidad de testigos. Uno de eso doctores es el jefe de geriatría del Hospital Rey Juan Carlos, Javier Martínez Peromingo.

Es el autor del único estudio medico sobre el número de ancianos muertos en la región entre marzo y abril de 2020, un estudio que recoge que 1 de cada 5 residentes en geriátricos madrileños fallecieron en estos 2 primeros meses, el 21,5 por ciento de los 44.000 ancianos de la región que estaba en centros especializados.

Esta investigación judicial pretende aclarar si el fallecimiento de una mujer en esta residencia de Collado es un homicidio imprudente y la querella se dirige contra esos responsables del poder ejecutivo regional por un delito de homicidio imprudente. ser

 
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