La Fiscalía se opone al recurso que pedía incluir el delito de malversación en el caso ITV de Móstoles
El caso entra en su recta final. La jueza pide que las partes presenten escrito de acusación y/o defensa para proceder a la apertura de juicio oral
Noelia Posse, alcaldesa de Móstoles, en un acto junto al secretario general del PSOE en Madrid, Juan Lobato / Cadena Ser
Móstoles
El Ministerio Fiscal se opone al recurso de apelación interpuesto por los exconcejales de Más Madrid Móstoles, Gabriel Ortega y Susana García Millán para que se incluya el delito de malversación de caudales públicos en el llamado Caso ITV de Móstoles por el que está investigada la exalcaldesa de Móstoles, Noelia Posse y ocho miembros del Gobierno municipal de la anterior legislatura. Están acusados de un delito de prevaricación. La acusación también pedía que el proceso continuara adelante por el delito de malversación, un delito que sí implica penas de prisión. La Fiscalía se había opuesto a incorporar a la causa la malversación de caudales públicos y ahora también se opone al recurso de apelación.
También la jueza del número 1 de Instrucción de Móstoles ha pedido a la acusación particular, que es el Ayuntamiento de Móstoles que en el plazo de diez días formule escrito de acusación o el sobreseimiento de la causa para poder proceder a la apertura de juicio oral. Fuentes municipales señala a la Cadena SER que el ayuntamiento va a formular el escrito de acusación por el caso ITV, manteniendo una línea coherente con los pasos que se han dado hasta ahora, han señalado.
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12 años de inhabilitación
La Fiscalía ya formuló su escrito de acusación pidiendo 12 años de inhabilitación para la exalcaldesa de Móstoles, Noelia Posse y para ocho miembros del Gobierno municipal en la anterior legislatura, la máxima condena posible. Es la pena que el Ministerio Público solicita por un delito de prevaricación dentro del llamado Caso ITV, donde se investiga si hubo perjuicio a las arcas municipales cuando el gobierno municipal decidió condonarle la deuda a una empresa que se encarga de hacer las revisiones técnicas de los vehículos.
En el escrito de acusación de la Fiscalía, el Ministerio Público sostiene que los acusado "ocasionaron un perjuicio económico" al Ayuntamiento de Móstoles valorado en 615.000 euros al perdonar la deuda adquirida por esta empresa y reducir el canon anula a 60.000 euros. Recuerda además que el Gobierno municipal tomó la decisión "a pesar de contar con un informe desfavorable del interventor" que había alertado sobre la ilegalidad del procedimiento.
Delito de malversación
Los exconcejales de Más Madrid Móstoles, Gabriel Ortega y Susana García Millán, piden en el escrito de acusación que los acusados en el caso ITV sean juzgados también por el delito de malversación, además del de prevaricación. Piden 6 años de prisión y 15 de inhabilitación completa para Noelia Posse y también para los concejales de su equipo de gobierno de la anterior legislatura, Álex Martín, Aitor Perlines, David Muñoz, Rebeca Prieto, Marisa Ruiz, Lola Triviño, Beatriz Benavides, todos ellos del PSOE y Nati Gómez (Podemos). La misma petición de pena para el tesorero municipal, Francisco Javier Torner.
Con respecto a la mercantil acusada ITV Móstoles S.L. pide que se le juzgue por malversación de caudales públicos y pide una pena de 3 años y 6 meses de prisión con una cuota diaria de 5.000 euros.
El Ayuntamiento de Móstoles también presentó recurso de apelación para solicitar a la Audiencia Provincial de Madrid que los investigados fueran procesados por malversación de caudales públicos, además de por prevaricación.
Noelia Posse y el resto de los miembros de la Junta de Gobierno local investigados impugnaron la petición de los exconcejales de Más Madrid Móstoles, para que se les juzgada también por un presunto delito de malversación.
Reapertura del caso
En 2023, la Audiencia Provincial de Madrid había ordenado el procesamiento de Noelia Posse, entonces todavía alcaldesa de Móstoles, y de ocho miembros de su equipo de Gobierno (formado por PSOE y Podemos) en el caso ITV. Según el auto judicial, el perjuicio a las arcas municipales resultaba "obvio" y añadía que no pueden ignorarse los informes de aquellos que tiene atribuciones legales para prestarlos, como el Secretario o el Interventor, y hacer caso a asesores externos. Antes, el juzgado de Móstoles había acordado el archivo provisional de la causa, al entender que "en ningún momento, ha existido voluntad por parte de la Junta de Gobierno Local de causar un perjuicio para las arcas públicas", pero la Audiencia Provincial revocó esa decisión tres un recurso presentado por dos concejales de Más Madrid Móstoles
