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La inspección del Ayuntamiento de Madrid al piso del novio de Ayuso confirma que se hicieron obras ilegales en la vivienda

Dos meses después de la denuncia de Más Madrid, los técnicos municipales han inspeccionado el piso en el que vive la presidenta madrileña. Fue el pasado 20 de mayo, coincidiendo con la declaración ante el juez de Alberto González Amador por dos delitos fiscales

MADRID, 22/05/2024.- Alberto González Amador, novio de la presidenta de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, a su llega al Tribunal Superior de Justicia de Madrid, para ratificar la querella que presentó contra dos fiscales de Madrid por presunta revelación de secretos de su investigación por fraude a Hacienda, este miércoles. EFE/ Rodrigo Jimenez / Rodrigo Jimenez (EFE)

MADRID, 22/05/2024.- Alberto González Amador, novio de la presidenta de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, a su llega al Tribunal Superior de Justicia de Madrid, para ratificar la querella que presentó contra dos fiscales de Madrid por presunta revelación de secretos de su investigación por fraude a Hacienda, este miércoles. EFE/ Rodrigo Jimenez

Madrid

Casualidad o no, el mismo día y a la misma hora en la que Alberto González Amador, pareja de Isabel Díaz Ayuso, se encontraba en los juzgados de Plaza de Castilla para declarar como imputado por defraudar a Hacienda, los técnicos de la Junta del Distrito de Chamberí realizaron la visita de inspección a su vivienda. Fue el pasado lunes, 20 de mayo, justo dos meses después de que Más Madrid presentase una denuncia por presunta irregularidad urbanística en las obras de reforma del piso y solo 4 días después de que la SER en Madrid dejara en evidencia la inacción del Ayuntamiento, que no comunicó algunos de los requerimientos de los técnicos de urbanismo en lo que se dejaba claro que las obras no se podían realizar.

La arquitecta técnica del distrito fue quien se encargó de revisar el resultado de las obras. En el acta de inspección a la que ha tenido acceso Radio Madrid, se describen las actuaciones que se han realizado en la vivienda. Hay obras de acondicionamiento parcial que afectan a un único inmueble y que consisten en “la redistribución de piezas, renovación de acabados e instalaciones de electricidad, fontanería, saneamiento y ACS”. También se comprueba que se ha instalado un sistema de climatización con dos equipos exteriores “dispuestos sobre el faldón inclinado de cubierta que vierte hacia el patio de parcela”. Además, se especifica que se han realizado obras en el exterior consistentes en la sustitución total de la carpintería exterior y en la instalación de toldos, tipo estor, en la terraza que da a la calle. Todos esos trabajos, recoge el acta, están finalizados y por tanto listos para su uso.

También se deja constancia de que la persona que se encuentra en la vivienda en el momento de la inspección prefiere no identificarse y que no dispone de ningún “título administrativo que habilite las actuaciones realizadas”. En ese momento ya se le advierte de que la realización de obras sin ningún tipo de permiso podría suponer una infracción urbanística y en su caso un ilícito penal. Al finalizar la visita esa persona, que rehúye identificarse, insiste en que hay registrada una declaración responsable, que por ningún medio se notificó su ineficacia y que por tanto entiende que es un documento habilitante. No hay que olvidar que Alberto González Amador presentó una declaración responsable el 4 de agosto de 2022 y que justo un día después fue rechazada. Además, en dos ocasiones se le instó a paralizar las obras, el 2 de noviembre y el 13 de diciembre de 2022, sin embargo, no es hasta el 22 de diciembre cuando la pareja de la presidenta Ayuso accede a esa notificación con la orden de cese. Por tanto, aunque varios meses después del comienzo de los trabajos, Alberto González Amador si tuvo constancia de que no tenía permiso para realizar las obras, que a pesar de todo se siguieron ejecutando.

Realizada la inspección, los servicios técnicos del distrito de Chamberí elaboraron un informe cuya conclusión es que “no se ha localizado título urbanístico habilitante que ampare las obras realizadas”. Además, se propone actuar conforme a lo establecido en el artículo 195 de la Ley del Suelo de la Comunidad de Madrid. Eso supone pedir al propietario de la vivienda que solicite en el plazo de dos meses la legalización o ajuste de las obras a las condiciones de licencia u orden de ejecución. En caso de no hacerlo, se podrá ordenar la demolición de los trabajados y la imposición de una multa. Todo esto sin perjuicio de que se abra un expediente sancionador. Según la normativa, la realización de obras sin la cobertura de un título habilitante constituye y a infracción urbanística sancionable con una multa de hasta 30.000 euros.

Más Madrid denuncia el borrado de la propuesta de orden de legalización que elaboraron los técnicos municipales

El documento en el que los técnicos de la junta de distrito de Chamberí solicitan a Alberto González Amador que regularice las obras y que estaba pendiente de la firma del coordinador del distrito ha desaparecido del sistema, según denuncia Más Madrid. Se subió a la carpeta del expediente el pasado viernes por la mañana y horas más tarde desaparecía.

La portavoz del grupo municipal, Rita Maestre, en declaraciones a Radio Madrid, espera que no se esté alterando el expediente para ganar tiempo o cambiar la resolución que proponía el inspector. Maestre recalca que “la opacidad y el trato de favor es evidente desde el principio. Hay unas reglas para el clan Ayuso y otras para cualquier otro madrileño”. Advierte, también, que cualquier cambio de criterio que pueda haber a partir de ahora solo podrá interpretarse como una resolución a medida de Ayuso. “Almeida debe explicar inmediatamente qué ha pasado y mostrar el papel que está escondiendo” concluye la portavoz de Más Madrid en el Ayuntamiento.

 
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