El TSJM ordena identificar al autor del comunicado de la Fiscalía sobre el novio de Ayuso y el "máximo responsable" que lo autorizó
La Justicia cita a declarar el 24 de mayo a las partes personadas en la causa como acusación particular y popular
Isabel Díaz Ayuso y su pareja Alberto González Amador en las calles de Madrid en 2022
Madrid
El Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) ha inciado las investigaciones por la supuesta revelación de secretos de Alberto González Amador, pareja de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso. Así consta en el auto emitido por el juez instructor, Francisco José Goyena Salgado, en el que se cita a declarar el próximo 24 de mayo a las partes personadas en la causa como acusación particular y popular.
El auto recoge también el requerimiento a la Fiscalía provincial de Madrid para que indique quiénes redactaron el comunicado que contenía las aclaraciones del Ministerio Público sobre la denuncia contr Alberto González Amadro. Además, expresa la resolución, debe indicarse quienes fueron las "personas físicas concretas que intervinieron en la decisión de hacer público dicho comunicado de prensa", así como el máximo responsable que dio el visto bueno a la difusioón del comunicado en cuestión.
Las diligencias previas incoadas tienen como objeto, según el auto, "analizar si se ha vulnerado el deber de confidencialidad y reserva inherente a las actuaciones penales". El auto recoge que estas diligencias también tienen por objeto comprobar si se ha excedido el límite del derecho a la información y en qué medida se han perjudicado los derechos de la pareja de la presidenta autonómica. Ello, recoge el texto, "solo puede abordarse adecuadamente mediante la oportuna instrucción de la causa".
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Una querella por delito de revelación de secretos
La resolución judicial responde a la querella que el pasado mes de abril presentó Alberto González Amadior contra la fiscal jefe de Madrid, Pilar Rodríguez, y el fiscal de delitos económicos, Julián Salto, por un presunto delito de revelación de secretos que, a criterio de la parte querellante, se produjo tras la difusión de una nota informativa a medios en relación a la investigación por un presunto fraude fiscal. En ese comunicado el Ministerio Público indicaba que los representantes legales de González Amador habían reconocido los hechos tratando, posteriormente, de alcanzar un pacto con la Fiscalía para así rebajar la pena.
Para el Gobierno de Madrid, esta situación responde a la persecución a un particular. Así lo han expresado desde que se tuvo conocimiento de esta situación. De hecho, la propia presidenta regional, así como el portavoz del Ejecutivo autonómico, han reiterado este punto de vista en varias ocasiones; la última de ellas el pasado martes por parte de Miguel Ángel García: "Lo que se va a producir es algo normal, que una persona pueda defenderse y explicar cuestiones que a él le afectan. Sobre este asunto, que afecta a un particular, poco más tengo que decir". Sin embargo, el propio García apuntaba tras esas mismas declaraciones al Ejecutivo liderado por Pedro Sánchez. "Lamento que estas cuestiones se estén dirimiendo en los medios de comunicación o que haya una administración, en este caso el Gobierno de Pedro Sánchez, que esté utilizando datos que se encuentran en poder de la administración para atacar a un particular", decía este martes tras la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno.
El expediente sobre la casa del novio de Ayuso, mutilado y con datos tachados
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