El Tribunal de Cuentas embarga a la exalcaldesa de Móstoles Noelia Posse y a otros siete ediles de su anterior equipo de gobierno por el 'caso ITV'

Móstoles

El Tribunal de Cuentas ha acordado embargar, por valor de 667.132 euros, a la exalcaldesa socialista de Móstoles Noelia Posse y a otros siete ediles de su anterior equipo de Gobierno por los perjuicios económicos causados al Ayuntamiento en el 'caso ITV, que investiga el citado órgano.

El acuerdo, al que ha tenido acceso Efe, es una medida cautelar después de que Posse y varios de sus ediles no hayan cumplido el requerimiento que hizo la jueza instructora del caso y no depositaran una fianza o un aval por el mismo importe del embargo hasta que se celebre el juicio del 'caso ITV'.

En el citado acuerdo no se incluye al exconcejal de Recursos Humanos y Participación Ciudadana Aitor Perlines, quien sí que ha realizado "un ofrecimiento de bienes a efectos de garantizar dicho requerimiento", que ha de ser examinado ahora por la Instrucción del Tribunal de Cuentas.

Además de la exregidora, que sigue siendo portavoz del grupo municipal del PSOE, los embargados son: David Muñoz, Rebeca Prieto, Alejandro Martín, María Luisa Ruiz, María Dolores Triviño, Beatriz Benavides, Natividad Gómez (exconcejala de Podemos) y el tesorero municipal Javier Torner.

En el informe que la jueza instructora del caso entregó a los implicados el 25 de julio pasado, concluyó que había un alcance patrimonial de 555.162 euros de principal, más 111.969 de intereses que imputaba al impago de los cánones de la concesionaria ITV Móstoles en los años 2015 y 2018.

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Sin embargo, según ha señalado a Efe la edil María Luisa Ruiz, una de las afectadas, tanto ella como los otros concejales embargados ahora presentaron en su momento "un recurso que ha sido admitido", por lo que han solicitado de nuevo "que se suspenda este embargo preventivo".

Para ello alegan dos motivos, que ya pusieron en conocimiento de la instructora: que "la cuantía está mal calculada"; y "porque no existe ningún daño patrimonial para el Ayuntamiento ya que el acuerdo se dejó en suspenso y a día de hoy se está reclamando la totalidad de la deuda".

"Pero bueno, como todos sabemos, este procedimiento está politizado desde su inicio, incluso además por la ministra de Aznar Margarita Mariscal de Gante. Este es un procedimiento, en nuestra opinión, que está trufado de irregularidades desde la instrucción", ha considerado Ruiz.

Esta investigación se inició a raíz de que el interventor municipal, que fue destituido poco después -cese que ha anulado el recientemente el TSJM-, denunciara ante el Tribunal de Cuentas "la presunta falta de recaudación de ciertos cánones adeudados por la mercantil ITV Móstoles".

Además, la vía penal, que fue archivada en un principio, fue reabierta después de que la Audiencia Provincial de Madrid ordenara en marzo pasado a este mismo juzgado que revocara el sobreseimiento inicial del caso y acordara "la transformación de la causa en procedimiento abreviado".

En concreto, la exalcaldesa y todos los miembros que formaban parte de la Junta de Gobierno local que aprobó el acuerdo de condonación de deuda están investigados por un delito prevaricación tras una querella presentada por los concejales del grupo Más Madrid en el Ayuntamiento, Gabriel Ortega y Susana García.

Tras varios recursos rechazados, el caso está a la espera de que el Juzgado de Instrucción número 1 recoja las acusaciones tanto de la Fiscalía como de la acusación y dicte el auto de transformación de la causa en procedimiento abreviado", lo que llevaría a la apertura de juicio oral contra la exalcaldesa y los otros ediles investigados.