La Cámara de Cuentas afea a Ayuso falta de “diligencia” en los contratos a dedo del Zendal

Madrid

Tres años después la Cámara de Cuentas le dice al Gobierno regional ‘así no’. El órgano que se encarga de fiscalizar la actividad de la Comunidad de Madrid ha analizado los 103 contratos que el equipo de Ayuso firmó en 2020 para construir y poner en funcionamiento el Hospital de Emergencias Enfermera Isabel Zendal y le reprocha algunos excesos en la aplicación de la contratación de emergencia, tal y como vienen denunciando en la Asamblea de Madrid los grupos de la oposición.

Se trata de expedientes con un valor conjunto de más de 101 millones de euros, que se pueden dividir en tres tipologías: de obras (71,6 millones de euros); de servicios, como la limpieza, la seguridad o el mantenimiento (14,5 millones); y, por último, de suministros, como material médico o mobiliario (15,2 millones). La Cámara de Cuentas, a lo largo de su informe de fiscalización, de 28 páginas, no pone objeciones a los contratos ligados a levantar el centro sanitario; pero sí reprende al equipo de Ayuso por utilizar la tramitación de emergencia para los contratos de servicios y suministros, que solo ese año rozaron los 30 millones de euros.

“Tanto los suministros como los servicios se contratan a partir del mes de octubre, por lo que una actuación diligente habría permitido su tramitación por otros procedimientos”, le afea la Cámara de Cuentas al Gobierno regional, al que le recuerda que la presidenta Ayuso anunció la construcción del hospital el 10 de mayo de 2020, casi siete meses antes de que llegara el primer paciente. “Con una planificación mínima -le reprocha-, se debería saber que para ese mes se necesitarían todos los suministros asociados a la puesta en funcionamiento del hospital”.

A juicio del órgano fiscalizador, todos esos elementos se deberían haber contratado por otro procedimiento, el negociado sin publicidad, “con lo que se habrían respetado los principios de transparencia, igualdad de trato y libre concurrencia”, dice en ese informe. El que utilizó la Comunidad de Madrid, el de emergencia, es legal, pero tiene unos límites muy estrictos, que en este caso no se han respetado, según la Cámara de Cuentas. Se reserva para “cuando la Administración tenga que actuar de manera inmediata a causa de acontecimientos catastróficos, de situaciones que supongan grave peligro o de necesidades que afecten a la defensa nacional", dice la Ley de Contratos del Sector Público.

"Tampoco puede admitirse la prórroga de dichos contratos"

La Cámara de Cuentas no solo le saca los colores al Gobierno regional por su incapacidad para anticipar que el nuevo hospital requeriría de limpiadoras o ecógrafos, también por la duración de los contratos. “Un servicio de emergencia ha de contratarse exclusivamente para una actuación puntual mientras se tramita el correspondiente procedimiento”, le recuerda en el informe. Considera que los seis meses que duraban inicialmente esos contratos de emergencia son excesivos: “No se corresponde con la excepcionalidad e inmediatez de la actuación de emergencia”, concluye.

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El organismo ha limitado su fiscalización al año 2020, cuando recibió el mandato de la Asamblea de Madrid, pero desliza una crítica contundente a lo que se ha hecho después. “Tampoco puede admitirse la prórroga de dichos contratos”, le dice a la Consejería de Sanidad, que en algunos casos ha convertido esa relación contractual de seis meses, en casi tres años de prestación ininterrumpida de esos servicios, sin posibilidad de que ninguna otra empresa pueda optar a hacerse con ellos.

Es lo que ocurre, por ejemplo, con la vigilancia de las instalaciones, en manos de Ariete Seguridad desde diciembre de 2020. Esta empresa, propiedad de la familia de una exconcejala del PP en Alcorcón, se ha beneficiado ya de seis prórrogas, sin concurso público, gracias a que la Comunidad sigue utilizando los contratos de emergencia. En estos tres años Ariete Seguridad ha ingresado cuatro millones de euros por sus servicios.

La enumeración de defectos en esos contratos va más allá. La Cámara de Cuentas cree que, aunque fuera a posteriori, la Consejería de Sanidad debería haber redactado unos pliegos para acotar el objeto y alcance de esas relaciones, que son “en algunos supuestos demasiado ambiguos e imprecisos”. Igualmente, le recuerda el incumplimiento generalizado de plazos, tanto a la hora de informar de esos acuerdos al Consejo de Gobierno, como a la hora de publicarlos en el portal de contratación de la Comunidad de Madrid.

La Cámara de Cuentas trasladó sus conclusiones, todavía en forma de borrador, a la Consejería de Sanidad, que tuvo la oportunidad de presentar las alegaciones que considerara pertinentes. La Cadena SER ha preguntado a los portavoces habituales de ese departamento, que dirige actualmente Fátima Matute, su valoración sobre las consideraciones del órgano fiscalizador. En el momento de publicación de esta información no se había recibido una respuesta.