La Policía desaloja el edificio “La Dignidad" de Móstoles
Las 18 familias que vivían en el edificio, 48 adultos algunos de ellos enfermos y 18 menores, se quedan en la calle tras 9 años viviendo allí. No han conseguido llegar a un acuerdo con el “fondo buitre” que compró este edificio
La Plataforma Stop Desahucios de Móstoles en el desalojo del edificio La Dignidad / SER Madrid Oeste
Móstoles
Desde antes de las 7:30 de la mañana cerca de 18 furgones de la Policía Nacional han acudido a la calle Carcavilla de Móstoles para proceder al desalojo de las 18 familias que viven allí desde 2014. Desde Stop Desahucios denuncian que la policía ha entrado en la vivienda antes de que llegar la comisión judicial, algo que aseguran es “ilegal”.
Ana o Alba son dos de las vecinas que se ven en la calle. Cada una con una historia diferente, las dos menores de 35 años. Una de ellas cuenta que trabaja, pero no le llega para pagar un alquiler, por eso siempre ha luchado por un alquiler social al que poder acceder, “nosotros claro que queremos pagar”, asegura. Sus pertenencias, las pocas que pueden las llevan encima (restos de comida de su frigorífico e incluso una almohada), el resto las han podido meter en varios trasteros que han habilitado desde Stop Desahucios.
Por su parte, la plataforma Stop Desahucios Móstoles ha convocado una concentración frente al edificio ‘okupado’, con el fin de frenar el segundo intento de desalojo de las personas que residen en él.
«Insiste en dejar en la calle a 48 personas, entre ellas 18 menores», han indicado desde la plataforma, que añade que algunos de los miembros de las 17 familias que se encuentran en el edificio están enfermas o tienen discapacidad reconocida. Un desalojo que al final se ha hecho efectivo.
Tras el desalojo han acudido al Ayuntamiento de Móstoles para que les puedan dar alguna solución ya que desde Servicios Sociales y la Comunidad de Madrid les han notificado, según José María Torralbo de Stop Desahucios, que algunas familias les pueden ofrecer dos días de hotel. En cuanto, a los menores de edad, Torralbo ha indicado que desde la Comunidad de Madrid sí se harían con la tutela de ellos pero que les separarían de sus familias.
Respuesta Comunidad de Madrid
Fuentes de la Comunidad de Madrid aseguran que "están haciendo un seguimiento exhaustivo de la situación de estas personas para hallar una solución". Aunque destacan que "es competencia de los servicios sociales del Ayuntamiento de Móstoles ofrecer alternativas a estas personas en primera instancia", pero que para ayudar en esta tarea "la Consejería de Familia, Juventud y Asuntos Sociales ha activado el Servicio de Emergencia Social, un equipo dirigido a la atención social de personas o grupos que exige una intervención inmediata". Además, exlplican que "se ha mantenido una reunión esta misma mañana en el Ayuntamiento de Móstoles y en coordinación con los servicios municipales, la Consejería de Familia, Juventud y Asuntos Sociales ha ofrecido a las familias en situación de vulnerabilidad alojamiento temporal".
Asimismo, aseguran que "estas familias no pueden ser destinatarios de las viviendas de emergencia social de la Administración regional porque no tienen título justo de ocupación, imprescindible según la normativa".
En este sentido, explican que la Consejería de Vivienda, Transportes e Infraestructuras ha atendido a las familias que habían presentado "denuncia al comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales y les ha informado de la documentación que deben presentar en el caso de que pasen a ser ocupantes legales de alguna vivienda. Una vez esto suceda, si cumplen todos los requisitos, se incorporarán a la lista de especial necesidad".
Antecedentes
Hay que recordar que el primer intento de desahucio, fue el 26 de mayo pasado después de que el edificio fuera subastado, fue aplazado debido a la huelga de funcionarios de Justicia, pese a que se había notificado la orden de desalojo.
Fue en mayo de 2014 cuando la plataforma Stop Desahucios Móstoles «recuperó» este espacio «abandonado» para alojar a personas en situación de vulnerabilidad habitacional; y desde el mismo día de su ‘okupación’ «se ha tratado de negociar un alquiler social con la propiedad del edificio», señalaron entonces.
Se trataba de una empresa constructora que entró en concurso de acreedores, finalmente fue liquidada y sus propiedades, entre las que se encontraba el edificio de ‘La Dignidad’, fueron subastadas y adquiridas por un fondo de inversiones.
