La nueva Ley de Protección al Informante obliga a las empresas a crear un canal anónimo de denuncia

Madrid

A partir de ahora, cualquier empresa de 50 o más empleados está obligada a crear un canal anónimo de denuncias. Un buzón al que los trabajadores puedan enviar sospechas de prácticas corruptas o infracciones que vulneren sus derechos. Esto es lo que establece la nueva Ley de Protección al Informante, la conocida "Ley de Whistleblowing".

Ana Garrido, presidenta de "ProÉtica & Compliance", empresa especializada en la implementación de estos canales de denuncia, ha recordado en Código de Barras lo importante que es esta ley: "es algo por lo que llevamos luchando durante años". Garrido denunció prácticas corruptas de la Trama Gürtel y no se mantuvo su anonimato, algo por lo que a día de hoy sigue sufriendo: "Yo lo denuncié hasta en los sindicatos, pero no me sirvió para nada".

Con esta ley, que trata de proteger la identidad y el anonimato de los informantes, la idea es que quien destapa la corrupción, nunca salga a la luz. "El objetivo es que no haya manera humana de saber quien ha aportado esas pruebas", ha detallado la experta. Se trata de una ley que no solo aplica a empresas privadas, si no también a partidos políticos, sindicatos, patronales y todo el sector público. Además, también implementa sanciones, que van entre mil y un millón de euros, a las personas u organizaciones que emprenden represalias contra el informante.

Garrido ha insistido en que, a día de hoy, el informante en muchas áreas está desprotegido: "Hay desamparo hacia algunos informantes, como los que filtran la información a través de los medios de comunicación", ha reflexionado. Ha puntualizado, además, que el anonimato y la confidencialidad no son lo mismo: "Con la confidencialidad existe el riesgo de que si tú denuncias algo en un canal que lo lee otra persona de la empresa, no hay garantía total de que no salga tu nombre. Si es alguien de la cúpula, van a rastrear la IP y van a saber quien eres, que es lo que me sucedió a mi", ha confesado.

La ley también recoge la obligatoriedad de las empresas a comunicar la existencia de este canal. Aún así, la experta recomienda contratar el servicio externalizado: "Desde luego es mucho más seguro que si está gestionado por la propia organización o acudir a la oficina de antifraude de su comunidad autónoma. "Al final, la colaboración ciudadana es la que garantiza el éxito en la erradicación de las prácticas corruptas", ha concluido Garrido.

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