UGAMA denuncia que la actualización de las indemnizaciones por ataques de lobos es una “burla” a los ganaderos
La asociación denuncia que la Comunidad de Madrid estima que el valor de un cordero o cabrito lechal, y de todo el perjuicio derivado de un ataque, no supera los 60 euros
Varios lobos ibéricos
Sierra Norte de Madrid
La Unión de Agricultores, Ganaderos y Silvicultores de la Comunidad de Madrid, UGAMA, ha denunciado que la actualización de la cuantía de las indemnizaciones por ataques de lobos, buitres y perros asilvestrados en la región es una “burla” hacia el sector ganadero.
La organización considera que esta actualización es “irrisoria”, actualmente la Comunidad de Madrid estima que el valor de un cordero o cabrito lechal, además del cese del lucro y de los daños derivados en un ataque de estas características, no supera los 60 euros. Lamentan que no se hayan tenido en cuenta gran parte de sus aportaciones al establecer las nuevas bases reguladoras y que no se hayan actualizado los importes por animal de manera significativa.
La orden reguladora de las ayudas para compatibilizar la actividad ganadera con la existencia de lobos, perros asilvestrados y buitres de la Comunidad de Madrid ha entrado en vigor este mismo noviembre. Desde UGAMA se sostiene que se trataba de una modificación muy necesaria para avanzar en el problema de la coexistencia entre fauna salvaje con la ganadería y, afirman, se ha perdido una oportunidad de ser justo con los ganaderos que sufren ataques a sus animales.
Igualmente, han vuelto a revindicar que se dejen de maquillar los ataques de lobo en la región. En el pasado la asociación ya ha denunciado que en los informes de este tipo de casos se establece que se trata de una “especie atacante desconocida, obviando la evidencia para no engordar las estadísticas. En 2021, se certificaron 108 ataques de lobo, mientras que en 2018 se alcanzaron los 318 casos.
Como resultado de estas condiciones, UGAMA afirma que los ganaderos se están viendo obligados a acudir a los tribunales, generando un coste adicional para ellos y para los ciudadanos madrileños. Reclaman que se lleve a cabo una reunión urgente con la Consejería de Medio Ambiente, Vivienda y Agricultura para poner “cordura y realismo a la situación”.
