Una figura indispensable contra el acoso escolar

Madrid

La nueva ley educativa, la LOMLOE, y la Ley de Protección a la Infancia obligaban a que este curso hubiera un coordinador de bienestar por cada centro. Han sido las comunidades autónomas las encargadas de coordinar su implantación, pero la mayoría ha optado por dejar en manos del profesorado y de los equipos directivos de los centros la selección de la persona que se está encargando ya de supervisar asuntos tan delicados como el acoso y la violencia en el ámbito escolar. Y lo que es peor: sin una definición clara y homogénea del perfil de este coordinador, sin una reducción de jornada preestablecida para dedicarle tiempo a esta función, y, como en el caso de Madrid, sin una remuneración económica con la que sí cuentan otros coordinadores, como los encargados de facilitar el acceso a las tecnologías en los centros.

La instrucción para seleccionar a los coordinadores de bienestar llegó a los centros antes de iniciarse el curso, dejando en sus manos la elección de la persona que iba a ocupar ese puesto. En algunos, los profesores se han presentado de forma voluntaria, según ha reconocido en Hoy por Hoy Madrid Guillermo Silva, Jefe de Estudios del Instituto Lázaro Cárdenas de Collado Villalba. En otros, la dirección los ha nombrado a dedo, o el tema se ha llevado al claustro. También se ha optado, en otras ocasiones, por los orientadores o los PTSC, o los equipos directivos han buscado el perfil más idóneo para desarrollar esa labor.

Mucho trabajo, poco tiempo

El coordinador de bienestar debe vigilar posibles casos de acoso o violencia entre el alumnado, promover planes de formación para prevenirlos, y coordinarse con otros miembros de la comunidad educativa o informar a las autoridades si fuera necesario. También deben promover medidas que aseguren el bienestar de los menores, fomentar el respeto a los alumnos con discapacidad o especial vulnerabilidad e, incluso, procurar que en el centro se lleve a cabo una alimentación sana y saludable.

Este listado de tareas, muchas de ellas bastante delicadas, está provocando que muchos profesores que han aceptado la coordinación de bienestar de sus centros, se sientan ahora totalmente desbordados, sin tiempo suficiente para desempeñar la labor que les corresponde, con una formación que a veces se queda corta, y sin una retribución que les pueda servir de incentivo.

La figura del PTSC

Antes de que llegaran los coordinadores de bienestar, sus funciones las cubrían otros coordinadores, o incluso los tutores y orientadores de los centros. Sin embargo, tanto los sindicatos como los propios profesores consideran que este trabajo encaja mejor con la figura del PTSC (Profesor Técnico de Servicios a la Comunidad), especialmente cuando hay que llevar a cabo una labor de intervención, y hay que abrir protocolos o elaborar informes, que son asuntos más técnicos, como ha admitido Gema Domínguez, delegada del sindicato CSIF.

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Los propios PTSC admiten que el coordinador de bienestar está desempeñando funciones que son propias de su ámbito de actuación. El problema es que, según Gema Domínguez, suele haber un PTSC para varios centros, y para que estos profesionales pudieran ocuparse de estas tareas, habría que llevar a cabo una contratación masiva de Profesores Técnicos de Servicios a la Comunidad, para que hubiera uno por centro.

Los primeros casos

A pesar del caos inicial y la falta de una línea clara y definida previa a su implantación, estos coordinadores han empezado ya a ejercer su función con profesionalidad. En los centros siempre surgen problemas de convivencia que debe investigar y resolver el coordinador de bienestar.

Los coordinadores de bienestar están observando cómo se están multiplicando los casos de autolesiones entre adolescentes, desórdenes alimenticios y se están abriendo más protocolos de suicidio de los que cabría imaginar. Mari Ángeles Zamorano es la coordinadora de su centro, y ha admitido en Hoy por Hoy Madrid que la formación recibida, unas treinta horas, ha sido totalmente insuficiente. También ha asegurado que, en los casos de acoso, existe un protocolo de actuación establecido para llegar a aclarar y solventar, en el que se implican otros actores de la comunidad educativa, además del propio coordinador.