El Gobierno regional dice que no hay que generar "alarmas injustificadas" sobre las bandas juveniles violentas

Madrid

"No tenemos que generar alarmas injustificadas" dice el consejero de Presidencia, Justicia e Interior, Enrique López, pero "tenemos que tomar nota de lo que está pasando". "No existe en nuestra región una percepción generalizada de inseguridad vinculada a estas bandas pero sí hay un goteo de hechos que son realmente inaceptables ante los que no podemos permanecer impasibles", añade el consejero de Educación, Enrique Ossorio. Estos dos departamentos han presentado dos protocolos para los centros educativos que sirvan para detectar y prevenir que el alumnado entre en las bandas juveniles violentas o en las drogas y se van a aplicar en los alrededor de 2.000 centros públicos y concertados.

En estos protocolos se recogen una serie de pistas que pueden ayudar al profesorado a detectar las señales de alarma. Por ejemplo, en el caso de las adicciones cuando el alumno/a muestre un bajo rendimiento académico, que tenga padres consumidores de drogas o una baja supervisión familiar. En el caso de las bandas violentas, algunas de las señales de alerta que se recogen en estos protocolos son que el alumno lleve dibujos con simbología de grupos violentos en la ropa o en los libros, que haya cambiado de amigos y hable mal de los anteriores e idealice a los actuales, que haya cambiado también de imagen corporal con preferencia por ropa de los colores amarillo, negro o verde o que tenga unos lazos afectivos débiles con los padres.

Según ha explicado el consejero de Educación no va a haber refuerzo del personal en los centros porque "el esfuerzo de contratación" de este Gobierno en los últimos años "ha sido extraordinario" y con "esos medios llevarán a cabo estos protocolos", ha zanjado Ossorio. Tampoco hay un dinero extraordinario previsto para esta aplicación de los dos protocolos. Mientras el consejero de Justicia e Interior sí ha pedido más policías nacionales al Gobierno estatal y más policías locales a los "ayuntamientos socialistas del sur que son los que tienen las ratios más bajas de policías locales por habitantes", ha concluido López.

La secuencia básica de los dos protocolos conlleva varias fases: la notificación por parte del centro de hechos que pueden ser indicio del problema; recogida de información y entrevistas con la familia, el alumno, o sus compañeros; reunión para analizar la situación, resolución sobre la apertura de un Plan de Intervención en caso necesario; comunicación a la familia y autorización para derivar al alumno a servicios externos y, por último, envío del expediente a la Dirección de Área Territorial correspondiente y a la Unidad de Convivencia.