El Gobierno de Ayuso vuelve a entregar a dedo los contratos del Zendal

Madrid

Casi 31 meses después de que la Organización Mundial de la Salud (OMS) informara de la aparición en la ciudad china de Wuhan de una nueva enfermedad infecciosa que puso patas arriba el mundo, todo va volviendo a la normalidad. Todo, menos el Hospital de Emergencias Enfermera Isabel Zendal, que se puso en marcha en diciembre de 2020 como centro monográfico para atender a los pacientes infectados con el coronavirus, pero que desde entonces vive instalado en la excepcionalidad de la contratación pública.

El artículo 1 de la Ley de Contratos del Sector Público nace para “garantizar que la misma [la contratación pública] se ajusta a los principios de libertad de acceso a las licitaciones, publicidad y transparencia de los procedimientos, y no discriminación e igualdad de trato entre los licitadores”; pero, desde la primera piedra que se puso en el Zendal hasta el último menú que se sirvió anoche mismo, se han contratado sin respetar la libre concurrencia. En su lugar, se ha empleado una figura extraordinaria, el contrato de emergencia, que permite saltarse esos preceptos “cuando la Administración tenga que actuar de manera inmediata a causa de acontecimientos catastróficos”, según explica el artículo 120 de esa misma norma.

Todos los gobiernos regionales, y también el central, han contratado durante meses apoyándose en esa excepción a la regla general. Dos años después, la Comunidad de Madrid sigue haciéndolo para mantener operativo el centro de Valdebebas. El pasado 30 de junio vencieron los contratos que se habían adjudicado a dedo para mantenimiento del edificio, el de los equipos de electromedicina o su vigilancia. Era la tercera vez que expiraban sin que la Consejería de Sanidad haya sido capaz de licitar esos servicios por vía ordinaria. El resultado es que se han vuelto a entregar –y ya van, por tanto, cuatro veces- a las mismas empresas, que no han tenido que competir con otras en un procedimiento público.

El caso más conocido –y polémico- es el de la custodia de las instalaciones, que la Comunidad de Madrid entregó a dedo a la empresa Ariete Seguridad, propiedad de Silvia Cruz, que fue número dos del Ayuntamiento de Alcorcón hasta 2017, cuando el Partido Popular gobernaba esta localidad. Los tres contratos anteriores entregados a Ariete tenían un valor conjunto de 3,1 millones de euros. Ahora, le vuelve a encargar esa misma tarea por un importe 987.413,71 euros, lo que eleva la cifra total que ha recibido a través de esta fórmula hasta 4.103.205,61 euros.

“Por la necesidad de dar continuidad a la prestación de estos servicios, se han vuelto a tramitar por emergencia hasta el 31 de diciembre de 2022”, explica un portavoz de la Consejería de Sanidad. Esas mismas fuentes justifican la utilización de este procedimiento “hasta que pueda ser adjudicado un nuevo contrato por procedimiento ordinario”. Es la misma explicación que dio el departamento que dirige Enrique Ruiz Escudero en noviembre de 2020, fecha de la primera adjudicación a dedo a esta empresa de seguridad privada.

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En cualquier caso, el procedimiento de emergencia no es una barra libre, la Administración tiene que argumentar la necesidad imperiosa de aplicarlo. La Comunidad de Madrid lo hace en la memoria justificativa del contrato, que firma Fernando Prados Roa, director general de Hospitales, y antiguo máximo responsable del Zendal y el hospital de campaña de IFEMA. Cita los usos que Ayuso ha ido sumando al Zendal y los que –asegura- dará a este centro: el punto de vacunación instalado allí; la unidad de rehabilitación funcional de media-larga estancia -que el viernes atendía a 53 pacientes, según una portavoz del centro-; la oficina de atención a los refugiados ucranianos; o el futuro traslado de pacientes desde La Paz por la reforma prevista en sus instalaciones. También, el incremento de contagios durante la séptima ola, el único evento realmente sobrevenido en las últimas semanas.

“El incremento de los casos de COVID-19 está repercutiendo en los hospitales”, reconoce Prados Roa. Este alto cargo concluye que la alta difusión del virus en la Comunidad de Madrid “requiere más actividad en todos los escalones asistenciales, también en los hospitales”. Pero lo cierto es que esta séptima ola apenas se ha dejado ver en el Zendal. La semana pasada, según el último informe epidemiológico de la Consejería de Sanidad, había 2.324 pacientes hospitalizados en toda la red madrileña. De ellos, solo 10 estaban ingresados en el Hospital de Emergencias, como confirma el propio centro.

Los datos van en línea con lo que dijo el pasado miércoles el vicepresidente regional, cuando se le preguntó precisamente por esa baja utilización del Zendal: “La Consejería considera que, con los medios destinados a luchar contra el COVID, es suficiente. En el que caso de que fuera necesario utilizar el Zendal, que es el mejor hospital de pandemias, se utilizaría”, afirmó Enrique Ossorio descartando esa supuesta emergencia, que ahora esgrime el Gobierno.