"No te explican que la protección oficial caduca, solo que firmes o te quitan de las listas"

Barcelona

Muchas veces los problemas de la vivienda se cruzan y se combinan en un solo caso. Hoy, el Artículo 47 trata sobre dos temas que se han comentado en otras secciones, como son los pisos de protección oficial y los vecinos que se organizan para dejar de pagar el alquiler, ya que han surgido más de 90 casos en los que estos dos temas se unen.

Ayer al mediodía, desde Sitges, un grupo de 54 familias de cinco promociones de protección oficial de InmoCriteria, la inmobiliaria de La Caixa, amenazaron con dejar de pagar el alquiler si la propiedad no detenía la privatización de sus pisos. Son familias de Sitges, Sentmenat y Banyoles a quienes se les acaba la condición de piso de protección oficial y que están viendo cómo el alquiler que pagaban se está duplicando de un día para otro. Es la primera vez que diferentes promociones se organizan a través del Sindicato de Inquilinos para llevar a cabo una acción de protesta de este tipo.

A principios de marzo, Ràdio Girona ya adelantó esta noticia y explicó que más de 90 vecinos de pisos de protección oficial habían empezado a coordinarse para dejar de pagar el alquiler. Este mes de marzo ya hicieron una retención temporal de su mensualidad, es decir, durante unos días no pagaron el alquiler como forma de aviso. Finalmente, pagaron la mensualidad, pero enviaron un escrito a la propiedad explicando sus intenciones de dejar de hacerlo a partir de abril si no se sentaban a negociar con los vecinos, quienes desean que continúen siendo viviendas con un alquiler social.

Una maravilla que acaba en pesadilla

Águeda entró en su piso en 2019. Estaba embarazada y buscaba vivienda, y cuando le llamaron ofreciéndole este piso de protección oficial pensó que era "una maravilla". Los problemas, sin embargo, empezaron al momento de firmar el contrato, con presiones para hacerlo en menos de 24 horas porque, si no, la sacarían de las listas de protección oficial. Además, a los 395 euros que costaba el piso, le sumaban el IBI, los gastos comunes y otros gastos. También, poco después de entrar, le subieron el alquiler 100 euros. Ahora paga 600, pero cuando se le acabe la protección oficial y el piso pase al mercado libre, le podrán subir hasta 300 euros más.
Los avisos llegan por correo electrónico, y Águeda ha lamentado que ni ella ni los demás vecinos sabían que el alquiler social caducaba: "No te explican nada de todo esto, solo que es de protección oficial y que, o firmas, o te sacan de las listas". Es después, poco a poco, y a medida que les ha sucedido a otros vecinos, que se han enterado de todo.

Jaime Palomera, experto en vivienda y cofundador de Reviu, ha lamentado que en España "se han hecho durante muchos años promociones de protección oficial con fecha de caducidad". Esto se suma al desconocimiento que muchas personas tienen de esta situación: "Cuando la gente entra no sabe que en un piso de protección oficial hay un reloj, es una cuenta atrás". Además, ha señalado que muchas veces las propiedades de pisos de protección oficial incluyen "cláusulas abusivas", como es el caso de hacer pagar el IBI.

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Esta situación en la que se encuentran Águeda y 54 familias más, es el resultado de "60 años de política nefasta", de construcciones de vivienda protegida en suelo público que acaba en el mercado libre: "Esto explica que estemos a la cola de Europa en vivienda protegida". Es ahora cuando la Generalitat está planteando un plan para que estas promociones estén siempre protegidas, especialmente si se han hecho en suelo público.

Desatención de funciones

Además de la caducidad de la protección oficial, Águeda y sus vecinos se han encontrado con problemas de mantenimiento del edificio. En el garaje no hay luz, les han aparecido grietas, las alarmas de incendios no funcionan y, desde el Glòria en 2020, tiene goteras en casa. Se ha puesto en contacto tanto con el seguro, que le dice que solo hablará con la propiedad, como con La Caixa, quien o bien no ha contestado o no ha aparecido después de hablar con ellos: "Envías correos y no responden o dicen que vendrán y nunca lo hacen".

En este sentido, Palomera les ha aconsejado que presenten una denuncia por la vía administrativa, ya que el propietario tiene la obligación, según la ley, "de responder inmediatamente" a estos problemas.