El Govern y los Comunes pactan multas de hasta 900.000 euros por infringir la ley de la vivienda

Barcelona

El Gobierno catalán y los comunes han pactado sanciones de hasta 900.000 euros por infringir la Ley de Vivienda. El acuerdo incluye tres infracciones consideradas muy graves que pueden acarrear multas de entre los 90.001 euros y los 900.000 euros: poner un precio de alquiler superior al 30% del que marca el índice de precios de referencia, que no conste la finalidad del contrato o destinarla a una finalidad fraudulenta -como el alquiler de temporada-, y cargar los gastos de gestión a los inquilinos. El consejo ejecutivo tiene previsto aprobar el decreto del régimen sancionador este mismo martes, y que entre en vigor en cuanto se publique en el DOGC, con la votación por la convalidación en el Parlament en un mes.

La líder de los comunes en el Parlament, Jèssica Albiach, y la diputada Susanna Segovia han explicado este lunes por la tarde los detalles del acuerdo en una rueda de prensa desde la sede del Departament de Territori, tras reunirse con la consellera de Territorio, Silvia Paneque.

Albiach ha destacado que se ha logrado un "triple blindaje" con la modificación del artículo 45 de la Ley de vivienda de Cataluña de 2007 y que el decreto es una "herramienta imprescindible para hacer cumplir la ley y que hacer fraude no salga a cuenta".

Aparte de los tres supuestos muy graves, con sanciones que pueden alcanzar los 900.000 euros, se han introducido tres nuevas sanciones en materia de protección de consumidores. En este caso, si se pone un precio de alquiler hasta un 30% por encima de lo establecido en el índice de Precios de Referencia o que no se haya hecho constar en el contrato el índice, si el propietario es un gran tenedor, o el importe de la renta del contrato anterior, en el caso de un pequeño propietario, es decir, de cinco viviendas.

La diputada de los comunes, Susanna Segovia, ha lamentado que pese a la ley y los topes de precios en zonas tensionadas los propietarios han buscado "muchos agujeros y muchas vías" para no aplicar la contención de rentas y que con la aprobación del decreto con sanciones más graves se quiere dar un mensaje "disuasorio" a las prácticas fraudulentas para esquivar la ley.

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Segovia se mostró convencida de que el decreto saldrá adelante en su convalidación en el Parlament, especialmente entre las fuerzas de izquierdas, y que dispone de seguridad jurídica. "Creemos que no hay motivos para dudar de su seguridad jurídica", ha señalado.

A su vez, Albiach ha dejado claro que los residentes en viviendas de alquiler temporal pese a tratarse de alquiler tradicional o han sufrido una subida abusiva, ya podrán denunciar su situación.

Paralelamente, Gobierno y comunes han acordado la modificación de la Ley del Código de Consumo para sancionar las prácticas abusivas por parte de los Agentes de la Propiedad Urbana o plataformas y si, por ejemplo, se demuestra que han propuesto a los propietarios destinar su vivienda en alquiler temporal y no habitual. En este caso, las multas pueden alcanzar los 100.000 euros, pueden ser acumulativas y pueden sumarse a las establecidas en el decreto que aprobará mañana el Gobierno. En los casos más graves, las sanciones pueden elevarse hasta el millón de euros.