Más de 1.200 jueces y fiscales firman un manifiesto en contra de la reforma del acceso a la carrera judicial

Barcelona

Más de 1.200 jueces y fiscales, especialmente de las últimas promociones, han firmado un comunicado, al que ha accedido la Cadena SER, donde expresan su "profunda preocupación" respecto al anteproyecto de ley con el que el Gobierno pretende democratizar el acceso a la Justicia, una reforma que tachan de “anacrónica y gravemente lesiva”. El manifiesto nació este fin de semana a iniciativa de los jueces de la 72a promoción - la que se graduó hace un año-, al margen de asociaciones judiciales, y se extendió como la pólvora logrando más de 1.000 firmas de jueces, magistrados y fiscales de todo el estado en apenas 36 horas.

El motivo principal de su queja, especialmente de los jueces y fiscales jóvenes, radica en la obligatoriedad de trasladarse tres años después de ascender que plantea la reforma. "Hasta ahora, cuando ascendemos a magistrados teníamos el derecho a quedarnos en la plaza de juez que veníamos desempeñando, que normalmente es cerca de nuestra casa, y donde ya hemos hecho nuestra vida, tenido hijos, firmado una hipoteca..", argumenta en conversación con la SER, Marta Campo, jueza de Primera Instancia e Instrucción de Medina del Campo, en Valladolid. "Ahora con la nueva reforma nos obligarían a irnos y causaría un perjuicio enorme para nuestra conciliación personal y familiar", añade.

Lo mismo preocupa a sus compañeros de promoción, en edad de ascender. "Que te obliguen a trasladarte, más que un ascenso es un castigo", lamenta María Iglesias, jueza de Primera Instancia e Instrucción de Verín, en Ourense. "En febrero, llevaré un año en este juzgado", relata, "y ahora es cuando empiezo a conocer el juzgado, los abogados, los procuradores, los funcionarios; así que es de ahora en adelante cuando el juzgado va a mejorar. Si ahora asciendo a magistrada, y dentro de 3 años me tengo que mover, no le damos estabilidad a la justicia", se queja.

"No le vemos ningún beneficio en nuestra carrera sino que nos perjudica y empeora en nuestras condiciones laborales y afecta al justificable", lamenta Iglesias que añade, además, "que no se da en el caso de otros funcionarios". Para Carmen Luisa Nisa, jueza de Primera Instancia e Instrucción de Coria del Río, en Sevilla, la propuesta arremete contra la conciliación personal. "Especialmente, siendo las mujeres un porcentaje muy alto de la última promoción, supone una discriminación clara por razón de sexo", considera Nisa.

Los jueces consultados comparten la misma incomprensión: "No entendemos el motivo por el cual se instaura ahora ya que no nos han dado ningún tipo de razón lógica que lo justifique", opina Alejandro Alonso, del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción 3 de Getxo, en Vizcaya. Coincide su compañero del Juzgado de Instrucción 3 de Alcoy, en Alicante, Javier Calatayud: "Esta medida ya fue derogada en 2009. No se entiende cómo es posible que un gobierno progresista pueda afectar de esta forma al derecho a la conciliación de la vida familiar". Los efectos adversos del traslado forzoso, según la jueza Marta Campo, van a provocar un aumento de las "bajas o excedencias para el cuidado de familiares con el perjuicio para para la administración de justicia ello supone", un efecto que justamente se pretende evitar.

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Los firmantes critican en el comunicado que “España cuenta con la quinta peor ratio de jueces en la Unión Europea, con solo 11 por cada 100.000 habitantes frente a una media de 24”, subrayando la necesidad de crear más plazas en el turno libre, en lugar de incorporar a los jueces sustitutos, en la propuesta de estabilización del Gobierno. “Esta medida desincentiva a los opositores actuales, que sacrifican años sin remuneración para acceder a la carrera judicial y fiscal”, afirma el manifiesto, insistiendo en que cualquier solución para estabilizar plazas temporales debe respetar los principios constitucionales de igualdad, mérito y capacidad.

En línea con lo expresado por la presidenta del Consejo General del Poder Judicial y del Tribunal Supremo, Isabel Perelló, los jueces y juezas firmantes consideran que el actual sistema ya es democrático y permite el acceso a la carrera judicial a cualquier persona: "No tengo un padre ni una madre juez, ni unos abuelos jueces. Yo soy la primera de la familia en ser jueza", explica por teléfono María Iglesias. "Al contrario de lo que se piensa, no somos hijos de millonarios, sino que hay muchas familias que hacen un esfuerzo económico muy importante y muchos opositores que están en sus casas estudiando día a día", añade.