"Si quieren expandir el lobo, que vengan, carguen un par de camiones y se los lleven donde no hay": Organizaciones agrarias y Junta piden menos protección

La inclusión del lobo en el sistema de protección LESPRE en el año 2021, impactó directamente en el contra cinegético que hasta entonces se realizaba en Castilla y León. Una medida que se tomó a través de una orden ministerial y que prohibió la caza de cánidos al Norte del Duero. A finales de 2024 la Junta relacionó esta circunstancia con el incremento de ejemplares. Según el último censo publicado por la Junta, eran 193 las manadas observadas en las distintas provincias de la comunidad.

Ahora, el gobierno autonómico ha actualizado el número de ataques al ganado. A cierre de 2024 se han contabilizado en la comunidad 3.973 ataques que han dejado 5.985 cabezas de ganado muertas. Esto supone un incremento del 47 por ciento de ataques y un 39 por ciento más de ganado muerto en estos tres años.

Por provincias, Ávila sigue llevándose la peor parte con una de cada 4 reses muertas, mientras Burgos es la que más ha incrementado el número de siniestros pasando de 85 reses muertas en 2021 a 813 el pasado año.

El consejero de Medio Ambiente, Juan Carlos Suárez Quiñones insiste en que la estrategia nacional de conservación y gestión del lobo se ha venido realizando sin consenso con las Comunidades Autónomas y ha pedido al Ministerio de Transición Ecológica que reconsidere su postura y rebaje la protección sobre todo al Norte del Duero. Algo que realizarán incluyendo una enmienda en la tramitación de la ley de desperdicio alimentario, actualmente en el Senado y que saldrá adelante con la mayoría del PP. Ahora, explica el consejero, tratan de recabar apoyos en el Congreso para conseguir la mayoría suficiente que dé luz verde.

Además, Quiñones ha adelantado que actualizarán las ayudas para ganaderos afectados modificando la orden actualmente vigente: "Hemos convocado un trámite para que las organizaciones profesionales agrarias nos trasladen las modificaciones que deberían producirse en esa orden para ajustar los valores de las compensaciones al valor real de los daños y perjuicios que puedan tener los ganaderos y elevaríamos a definitivo para publicar la orden en el BOCYL".

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Indemnizaciones que han supuesto el pasado año un total de casi 5 millones de euros. Las organizaciones agrarias, por su parte se han unido a la petición para que el ejecutivo central flexibilice la caza en zonas donde su presencia sea mayoritaria, sobre todo después de que Bruselas tenga previsto aprobar antes de finalizar el año la rebaja de protección del lobo a través de una nueva directiva: "Hay una realidad social, la pérdida económica de los ganaderos" explicaba Donaciano Dujo de ASAJA; mientras, Jesús Manuel González Palacín, de la UCCL añadía que "200 manadas de lobo nadie cuestionaría que el lobo está en peligro. A estas alturas a quien hay que proteger es al ganadero". Por último, Aurelio González de la Alianza UPA-COAG se dirigía al ministerio e instaba a que "Si quieren expandir el lobo para que en todo territorio nacional, que vengan a Castilla y León, carguen un par de camiones y se los lleven a los territorios donde no hay".