El ventilador

Aranda de Duero

La declaración de intenciones de la nueva política (incluso de la no política) de hacer las cosas de forma distinta a lo viejo se está cumpliendo. Pero no siempre para bien. El último ejemplo lo tenemos en la política de comunicación (que no transparencia) del actual equipo de gobierno del Ayuntamiento de Aranda con la nota de prensa remitida por alcaldía en referencia al cierre de una investigación judicial, abierta desde abril de 2023 por sospecha de falsedad documental en la tramitación de las obras de la Glorieta Rosales. El juzgado ha sobreseído las actuaciones por considerar que estamos (y esto es literal) ante un “caso límite” que aunque “reúne los elementos (…) que se requieren para continuar el procedimiento por posible delito de falsedad documental”, la alteración sería “de muy poca trascendencia.”

Es decir, las sospechas de irregularidad podían estar en lo cierto y es posible que hubiera falsedad, pero en caso de haberla, las consecuencias que habría tenido serían nimias. De “escasa entidad” dice la jueza. Cabe añadir que mes y medio antes de archivar el caso el propio juzgado había ordenado continuar las investigaciones. Y fue a raíz de los recursos presentados por Fiscalía y la propia trabajadora denunciada, cuando decidió poner fin al proceso. Pero la jueza indica que lo hace, no porque comparta que no existen indicios de falsedad, sino porque, en caso de confirmarse, de lo que no hay indicios suficientes es de que hubieran tenido relevancia tanto para perjudicar las obras de la Glorieta como para dañar en el bien jurídico a proteger (es decir, en la garantía que tenemos ciudadanos y ciudadanas de que los documentos oficiales dicen la verdad). Hasta aquí, los hechos y el contenido de las actuaciones judiciales.

Y a partir de aquí nos encontramos una nota de prensa construida sobre un relato de acoso, mancha del buen nombre de una trabajadora, persecución y gasto de dinero de las arcas públicas para remediar los delirios del anterior equipo de gobierno. Un relato que no se sostiene ni en la realidad ni en la actuación de la jueza.

Estamos hartas de escuchar que si hay sospecha de irregularidad hay que acudir a los tribunales. Es lo que hicieron, no miembros del equipo de gobierno, sino dos trabajadoras municipales. Y es lo que hizo, porque no podía haber procedido de otra manera sin incurrir en prevaricación, la anterior alcaldesa, que tras ser informada de las mencionadas sospechas, tenía la obligación de acudir con ellas a Fiscalía o al juzgado.

Para eso están los tribunales: para determinar, primero, si hay indicios de ilícito penal. Y si es ese el caso, para investigar y llegar a la conclusión que consideren más correcta. Así parece haber sido en este caso: se abren diligencias por apreciar indicios de irregularidad y se tramita el caso en función de lo que la jueza entiende, a medida que va recibiendo información y argumentación de las partes. Afortunadamente, este es el sano proceder de nuestra justicia: investigar, escuchar a las partes y decidir según recto saber y entender.

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En el último pleno del Ayuntamiento de Aranda quedó flotando la advertencia de que el actual equipo de gobierno va a levantar alfombras y sacar a la luz lo escondido. Si la basura oculta que encuentran es ésta, parece que están pinchando en hueso. Ni transparencia ni afán por defender a los trabajadores. Más bien un ventilador en busca de la mínima brizna de broza que poder poner a circular.