La Guardia Civil investiga ilegalidades en la retirada de planchas de fibrocemento
La inspección de una obra en la Ribera del Duero llevó al SEPRONA a dar con una empresa que emitió una factura falsa para intentar justificar que este material cancerígeno se había retirado con el protocolo reglamentario
Imagen de archivo facilitada por la Guardia Civil
Aranda de Duero
La Guardia Civil investiga irregularidades en la retirada de planchas de fibrocemento en varias obras. Una persona de 47 años podría haber cometido un delito de falsedad documental, al expedir una factura sobre la supuesta correcta gestión de unas placas de fibrocemento retiradas de un tejado desmantelado, que resultó ser falsa. Los hechos se remontan al pasado año 2024 cuando la Comandancia de Burgos detecta una proliferación de planchas de fibrocemento arrojadas en distintos parajes de la provincia. El SEPRONA inició entonces una campaña de control de residuos peligrosos para tratar de erradicar estas prácticas prohibidas de abandono de este material en parajes abiertos, para lo cual intensificó el control de obras susceptibles de retirada de estas cubiertas de uralita, con la finalidad de garantizar su correcta gestión e evitar el vertido incontrolado de las mismas.
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En una de estas acciones de verificación, llevada a cabo por el SEPRONA durante el pasado verano en La Ribera, se inspeccionó una obra en la que se había retirado un tejado de uralita.
Al requerir a la empresa contratada la documentación necesaria para realizar esos trabajos y la correcta gestión de los residuos –ya que una vez desmontadas del tejado las planchas se consideran residuos-, no pudieron mostrarla por carecer de las autorizaciones necesarias y los documentos acreditativos de la correcta gestión de las placas de fibrocemento. No obstante, señalaron a una segunda empresa a la que la habían encargado dicha gestión.
Pero las pesquisas practicadas por el SEPRONA, dirigidas hacia el control de la trazabilidad de esos residuos peligrosos -a fin de conocer su situación y poder verificar su correcta gestión-, arrojaron que dicho material no había sido entregado en centro autorizado alguno para su tratamiento, aunque por parte de dicha empresa se emitió una factura en concepto de gestión, que resultó ser falsa, ya que realmente nunca la realizó, por lo que su responsable ha sido investigado como presunto autor de un delito de falsedad documental.
Paralelamente, durante la investigación se han confeccionado cuatro actas de denuncia por carecer de la documentación y autorizaciones necesarias para acometer los trabajos de retirada, incumpliendo con ello la normativa de seguridad y salud aplicable a los trabajos con riesgo de exposición al amianto, y también la medioambiental relativa a la gestión de los residuos generados.
