El pleno de comienzo de curso se convierte en un alegato del equipo de gobierno a favor de la política

Aranda de Duero

Finalizadas las fiestas patronales, el pleno ordinario de septiembre del Ayuntamiento de Aranda ha sido el santo y seña del comienzo del curso municipal. Y a modo de augurio para los próximos meses, un asunto del área de personal centraba el debate de mayor calado: la concesión de compatibilidad a una trabajadora municipal que tiene un contrato parcial con el Ayuntamiento suscitó el debate sobre el papel de los técnicos en las decisiones de los cargos públicos.

Pese a que todos los miembros del equipo de gobierno que tomaron la palabra alabaron el trabajo del técnico de personal, que había informado en contra de la compatibilidad, decidieron votar en contra de su criterio. Recordaron que estos informes técnicos no son vinculantes, apelaron a las situaciones personales como criterio para interpretar la normativa para acabar sentenciando que en las decisiones municipales “la última palabra la tienen los políticos”. Por su parte la oposición, también a varias voces pero coincidente en sus mensajes, recordó que quien está en política debe someterse al criterio de la ley, y son los técnicos quienes las interpretan.

Durante el debate el concejal no adscrito, Alberto Marcos, argumentó que concediendo la compatibilidad a esta trabajadora contra el criterio técnico, el Ayuntamiento da ejemplo para cambiar la situación de indefensión que en su opinión se encuentran los trabajadores públicos ante la normativa de incompatibilidades. Llegó a comparar la valentía de una trabajadora que pide compatibilidad laboral arriesgándose a que se lo denieguen con la lucha de "mujeres valientes" que consiguieron cambiar las leyes que impedían a las mujeres firmar contratos y tener cuentas corrientes. Con los votos a favor del equipo de gobierno (Sentir Aranda, Podemos-IU, y Ciudadanos) y el voto en contra de la oposición (PP, Vox y tres concejales del PSOE, ya que Laura Jorge se ausentó de la sesión en este punto) se concedió la compatibilidad.

Previamente el pleno aprobó por unanimidad la bonificación del 90% en el impuesto de construcciones para las obras de adaptación de aulas y sustitución de ventanas en el colegio Fuenteminaya, la sustitución de cubierta de talleres en el IES El Empecinado, por tratarse de centros educativos y una bonificación del 60% para la mejora de la habitabilidad y eliminación de barreras arquitectónicas en la residencia Virgen de las Viñas y Centro Ocupacional El Montecillo de ASADEMA, al ser obras en centros que prestan servicio a personas discapacitadas.