'Revolcón' del Procurador del Común a la Junta a cuenta de la educación inclusiva

Valladolid

Revolcón del Procurador del Común a la Consejería de Educación. El defensor del pueblo de Castilla y León da la razón a la familia de Noa, la niña con Síndrome 5 P-Menos que quería quedarse en su colegio, el Enrique Tierno Galván; lo consiguió después de una odisea burocrática pero con la negativa de la administración a ponerle un AT, un auxiliar técnico educativo, que la propia Consejería reconoce que necesita.

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La familia ha recurrido al Procurador del Común para que aclare esta situación y la institución les ha dado la razón. Tomás Quintana le dice a Educación que debe proporcionarle ese recurso: "La Administración educativa debe facilitar al/a la alumno/a al que se refiere esta Resolución el apoyo de ATE en el centro ordinario en el que va a estar escolarizado/a en el curso 2024/2025, junto con el resto de apoyos indicados en el último Informe psicopedagógico realizado a dicho/a alumno/a".

La resolución afea a Educación que negara ese ATE aludiendo a que tiene "recursos limitados". Sin embargo, Quintana considera que ese recurso "no excede lo que debe considerarse un ajuste razonable".

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Pero el documento va más allá y aborda el tema de la educación inclusiva: advierte a la Junta de Castilla y León de que la escolarización en centros especializados se debe limitar al alumnado con necesidades "graves y permanentes" y que, en todo caso, se debe justificar la no escolarización en centros ordinarios. Para ello cita, entre otras, la sentencia del Tribunal Constitucional 10/2014, de 27 de enero, además de otras del Supremo, el Superior de Justicia de Castilla La Mancha o el de la Comunidad de Madrid.

Ley de Castilla y León

Es más, la propia ley de Igualdad de Oportunidades para las Personas con Discapacidad de Castilla y León recoge que se garantizará el acceso del alumnado a un centro ordinario con los apoyos necesarios inspirándose expresamente en la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad y su Protocolo Facultativo, que fueron aprobados el 13 de diciembre de 2006 por la Asamblea General de las Naciones Unidas.

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Esa ley autonómica establece en su artículo 18.3 que “La escolarización del alumnado con discapacidad se regirá por los principios de normalización e inclusión y asegurará su no discriminación e igualdad efectiva en el acceso y la permanencia en el sistema educativo, pudiendo introducirse medidas de flexibilización de las distintas etapas educativas, como los sistemas de escolaridad combinada, cuando se considere necesario. Se propiciará que este alumnado desarrolle todas sus potencialidades, priorizando aquellos aspectos que faciliten la plena adaptación a su entorno. La modalidad de la escolarización garantizará el acceso del alumnado a un centro ordinario, con los apoyos necesarios. Se garantizará que la familia pueda optar por un centro de educación especializada".

Ahora, Educación tiene que comunicar si acepta o no esta resolución para lo que tiene dos meses.

Satisfacción de la familia

Laura Jódar, la madre de Noa, destaca de esta resolución la importancia que da el Procurador del Común a la educación inclusiva, citando además además  el Convenio Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, que apuesta por llevar los recursos donde está el alumnado que lo necesita, y no al revés: "Lo que dice es que la administración educativa debe facilitar al colegio de Noa ese apoyo del Auxiliar Técnico Educativo, tal y como el equipo de orientación reflejó. Una de las cosas importantes es que también señala que la educación inclusiva debe promoverse con una escolarización en centros de escolarización ordinarios".

Tras esta decisión, Laura espera que la Consejería rectifique y dote al Tierno Galván de ese ATE que su hija necesita y que, no hay que olvidar, beneficiaría al resto de alumnos del centro.