Absueltos de alzamiento de bienes los directivos de Friger
El juzgado considera que no hubo intención de no pagar su deuda a 22 empleados
Banquillo de los acusados / Radio Bierzo
Ponferrada
22 empleados reclamaban el pago de cerca de un millón de euros de deuda salarial y penas de en torno a tres años de cárcel para cada uno de los acusados: el administrador, Silvestre Blanco, su hermano Bienvenido y sus hijos Alberto, Gabriel, Elena y José. Los hechos derivan de la quiebra de la empresa de frío industrial Friger, que llegó a tener 800 empleados y presencia en varios países de Europa y América. A partir de 2010 la situación económica era insostenible y 3 años después, 22 de sus trabajadores optaron por la extinción de sus contratos. Cobraron un 35 por ciento de los sueldos en el Fogasa, pero reclamaban el resto a los empresarios, además de las penas de prisión.
Sin embargo, el juzgado de lo Penal número 1 de Ponferrada considera que no ha quedado probada la insolvencia punible por alzamiento de bienes, puesto que los responsables de la empresa trataron de liquidar sus deudas por diversos procedimientos y no se enriquecieron en ese proceso. El juez determina que la transmisión o venta de bienes entre ellos no se hizo con ánimo malicioso, sino con el objeto de poder saldar deudas. Los acusados, cree el magistrado, intentaban salvar la empresa. Llegaron a tramitar hasta cinco expedientes de regulación de empleo y ofrecieron a los trabajadores un plan de viabilidad que estos no aceptaron porque no contemplaba el pago inmediato de sus deudas. Tampoco hay pruebas de que se haya producido sucesión fraudulenta de bienes entre la familia para perjudicar a los acreedores, ni se ocultó patrimonio. El juez considera que la empresa ha demostrado que llegó a ofrecer algunos bienes que hubieran servido para pagar ‘todo o parte de la deuda de los querellantes’. No admite como prueba los ingresos de un millón de euros que se produjeron durante la fase de instrucción. Procedían de una operación por una nave en Tenerife que la acusación intentó demostrar como una venta, pero el juez lo considera un alquiler.
También advierte la sentencia de que los empleados no instaron concurso de acreedores cuando se generó la deuda, lo que les podría haber favorecido
Por todo eso, poco más de un mes después de la vista, el juzgado decreta la absolución de los acusados de las penas de cárcel que pedían la acusación particular y la fiscalía, y declara las costas de oficio. Eso sí, se abre un plazo de apelación de diez días
Decepción y recurso
Los afectados se encuentran totalmente decepcionados por la absolución. Creen que los acusados se han basado en mentiras y ocultaciones, por lo que anuncian recurso ante la Audiencia Provincial en la confianza de que una revisión de la sentencia, con cinco magistrados, encuentre motivos para la condena., según explicaba Belén, una de las exempleadas.
Los trabajadores se extrañan de que el juez no haya tenido en cuenta los argumentos de Fiscalía, que fue la primera en pedir penas de prisión al encontrar indicios de delito. De todas formas, admiten que desde el principio no albergaban demasiadas esperanzas en que su denuncia prosperase. Desde el inicio, tuvieron dificultades para encontrar un letrado ya que uno de los acusados es abogado en ejercicio en la capital del Bierzo.
