Las OPAS piden un plan de rescate para los agricultores cerealistas de Ávila

Ávila

Las organizaciones agrarias UCCL, Asaja y Alianza UPA-COAG de Ávila han solicitado que la Junta de Castilla y León apruebe un "plan de rescate extraordinario" para paliar las pérdidas económicas que afrontan los agricultores tras una mala cosecha de cereal, un "desastre productivo" que dicen que no es comparable al de ninguna otra provincia.

Las producciones medias obtenidas este año están de media en apenas 1.600 kilos por hectárea. A esto hay que sumar la bajada de los precios. Según los cálculos de las OPAS abulenses, teniendo en cuenta unos costes de producción que ascienden a 800 euros por hectárea de media, se puede hablar de pérdidas para los agricultores de la provincia que pueden llegar a ser de 400 euros por hectárea.

En el último Consejo Provincial Agrario han transmitido a los representantes de la junta de Castilla y León que "la situación para los cerealistas abulenses puede definirse como dramática si tenemos en cuenta que venimos de dos campañas pasadas" que también fueron malas.

El problema es que este año la producción en otras zonas de la comunidad ha sido buena o muy buena. El presidente de UCCL, Francisco Robledo, circunscribe las pérdidas a la provincia de Ávila y a algunas zonas limítrofes con La Moraña de Salamanca y Valladolid, junto a una pequeña parte en Burgos, en el límite con La Rioja.

El año pasado a mala cosecha fue generalizada, pero los agricultores, además de las compensaciones del seguro, pudieron pedir algunas ayudas públicas y se dio facilidad para pedir préstamos. Ahora les preocupa que es un problema que afecta a una pequeña parte del sector cerealista, por lo que temen que no se den ayudas.

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"Vemos que no hay ayudas, no hay préstamos, no hay nada, y estamos pidiendo eso, salvar el sector cerealista de la provincia de Ávila porque vemos que se van a dejar de sembrar parcelas. La verdad es que la situación es muy complicada", asegura Robledo.

UCCL, Asaja y la Alianza UPA-COAG reclaman por ello un plan de emergencia o de rescate agrario integral a corto plazo, "que debe elaborarse por la Junta de Castilla y León, con medidas de choque como ayudas directas, financiación a coste cero, demora de préstamos, exenciones fiscales y condonaciones de tarifas de riego, entre otras".