Sociedad
Cisma monjas Belorado

La exabadesa de Belorado saca a relucir una sanción al arzobispo Iceta cuando era consejero de CajaSur para poner en duda su legitimidad

La Comisión Gestora de los monasterios de Belorado, Orduña y Derio amenaza con llevar a los tribunales por calumnias a Laura García de Biedma

Mario Iceta Gavicagogeascoa, Arzobispo de Burgos y Comisario Pontificio en el conflicto con las clarisas cismáticas / Santi Otero (EFE)

Mario Iceta  Gavicagogeascoa, Arzobispo de Burgos y Comisario Pontificio en el conflicto con las clarisas cismáticas

Burgos

La Comisión Gestora de los Monasterios de Belorado, Orduña y Derio, acusa a la exabadesa de calumnias al arzobispo Iceta cuando recuerda una sanción administrativa al Comisario Pontificio de la época en la que perteneció al consejo de administración de CajaSur, para poner en duda su legitimidad para administrar bienes. La Comisión recuerda que la sanción administrativa del Banco de España a los dos consejos de administración de Cajasur entre 2006 y 2010, entre cuyos miembros se encontraba el actual Comisario Pontificio, no se debió a irregularidades en la gestión de cuentas de terceros ni conlleva inhabilitación alguna.

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Monseñor Iceta se reserva el derecho de acudir a los tribunales para defender su honor y buen nombre ante estas declaraciones que ha realizado la Sra. García de Viedma, según la Comisión, que acusa a la exabadesa de intentar confundir a la opinión pública, haciendo creer que la nueva asociación civil creada por las ex religiosas, es la propietaria del patrimonio de los Monasterios.

Al Comisario Pontificio, el arzobispo de Burgos, como Representante Legal, le asiste el derecho de administrar todos los bienes muebles, inmuebles, dinerarios y financieros de los monasterios. Para la Comisión arzobispal, es una acusación falsa hablar de usurpación ilegítima de las cuentas bancarias ni se requiere para ello ningún procedimiento judicial.

Hay que hacer ver que todas las entidades bancarias y las administraciones públicas, una vez aportada la documentación, han reconocido la representación legal del Comisario Pontificio.

La Comisión Gestora asegura que obran en su poder facturas que llevan meses sin ser abonadas por la gestión de la ex-abadesa que suman unos 42.000 €, excluidos préstamos, y que ella misma ha remitido.

Reiteró que la Sra. García de Viedma sigue ilegalmente impidiendo el acceso a su gestión y afirman desconocer el estado de las obligaciones laborales fiscales y tributarias, por la contumaz actitud de la exabadesa.

La representación de la archidiócesis asegura que han sido algunos de los monasterios de la Federación de Nuestra Señora de Aránzazu (y de otras federaciones) los que están aportando fondos para hacer frente a las facturas y nóminas.

''Compartimos con la Sra. García de Viedma'', concluye el comunicado de la Comisión, ''el deseo de que se restablezca la legalidad, que ella misma sistemáticamente vulnera, y su intención de que se depuren las responsabilidades correspondientes a las que ella misma no es ajena, aspectos en los que nuestros servicios jurídicos están trabajando para que los tribunales resuelvan, para hacer prevalecer la justicia y el ordenamiento jurídico vigente''.

 
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