Ratifican una sentencia en Ávila de 2 años de cárcel por estafar a una familia que quería sacar al hijo de la cárcel
La familia le llegó a pagar 31.000 euros a la condenada que lo utilizó para gastos personales
Fachada de la Audiencia Provincial de Ávila / Cadena SER
Ávila
La Sala de los Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León (TSJCyL) ha confirmado el fallo emitido por la Audiencia Provincial de Ávila contra una mujer a la que el año pasado condenó a 2 años de cárcel como autora de un delito de estafa a una familia que quería sacar a su hijo de prisión. Además, el fallo condenaba a esta mujer a abonar 18.000 y 15.000 euros a la madre y al hermano de la persona que se encontraba en la cárcel cumpliendo una pena por un delito contra la libertad sexual confirmando "íntegramente" la pena dictada el 26 de julio de 2023.
De esta manera, ha desestimado el recurso de apelación interpuesto por la defensa de la condenada a dos años de prisión, atendiendo a "diversas nulidades", la "falta de apreciación de la atenuante muy cualificada de dilaciones indebidas" o el "error en la valoración de la prueba con quebranto de la presunción de inocencia". Asimismo, aludía a la "falta de consideración de la patología de glosofobia -miedo a hablar en público- que padece la acusada", pidiendo finalmente su absolución por "falta de pruebas" y por haberse "quebrantado el principio de presunción de inocencia".
Todos los argumentos han sido desestimados en su totalidad por la Sala de lo Civil y Penal del TSJCyL, cuyo fallo puede ser recurrido en casación ante la Sala Segunda del Tribunal Supremo.
La sentencia emitida el 26 de julio de 2023 considera "probados" los hechos que condenan a una mujer que a principios de 2016, junto a un hombre, "de común acuerdo y con ánimo de lucro", se ofrecieron a conseguir, a través de la Asociación de Víctimas del Sistema Judicial Democrático Español, la libertad del condenado.Y lo hicieron tras conocer a este hombre y a su familia, que negaba los hechos que le habían llevado a prisión, a través de una tercera persona, una mujer que, tras verse inicialmente implicada en el proceso, quedó libre de responsabilidades penales durante el juicio celebrado hace un año.
La sentencia consideró que la condenada, contra la que el fiscal llegó a pedir 6 años de cárcel, "pidió dinero a la familia en concepto de provisión de fondos para abogados, directamente por sí misma y a través, entre otras personas, de la intermediaria". Y todo ello, "pese a saber que no podía hacer nada por la libertad" de su hijo y hermano, ya que "estaba condenado por una sentencia firme dictada por la Audiencia Provincial de Ávila", llegándose a "aprovechar de la situación angustiosa que estaba pasando la familia".
El fallo sostiene que "como consecuencia del engaño sufrido y la esperanza de conseguir la libertad de su hijo", su madre realizó trasferencias por importe de 24.500 euros, 6.500 de los cuales los recuperó, mientras que el hermano desembolsó otros 15.000 euros. Aunque en la tarjeta y en la cuenta figuraba como titular una tercera persona, en dicha cuenta aparecía como persona "autorizada para disponer" de esos fondos la ahora condenada.
No obstante, la tarjeta de crédito y la cuenta, así como el contrato de apertura de la cuenta y el contrato de la tarjeta de crédito, "estaban en posesión desde el primer momento" de la mujer que ha resultado condenada a dos años de cárcel. Además, el fallo certifica que el dinero ingresado por la madre y el hermano de quien había sido condenado "no fue destinado para interponer ningún recurso, ni para pagar a ningún abogado, ni para gestionar nada referente a él, sino para satisfacer gastos personales" de la condenada y de otra persona.
Entre dichos gastos figuran el seguro médico de una entidad aseguradora de esa tercera persona, reintegros en efectivo por medio de la tarjeta a través de cajeros automáticos por cuantía total de 31.000 euros o el pago mediante 282 movimientos de la tarjeta de unas páginas en las que ese hombre anunciaba la venta de vehículos de motor de segunda mano. Como consecuencia de estos desembolsos, la madre del condenado quedó en una "grave situación económica".
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