Puente lamenta la Ley de Concordia y avisa de que "el Gobierno actuará" si PP y Vox siguen adelante
Cree que la Junta deja el nombre de Castilla y León "por los suelos"
Óscar Puente, ministro de Transportes / Europa Press
Valladolid
El ministro de Transportes y Movilidad Sostenible y exalcalde de Valladolid, Óscar Puente, ha lamentado que los gobiernos autonómicos de PP y Vox en Comunidad Valenciana, Castilla y León y Aragón hayan promovido la Ley de Concordia, dejando la imagen de España "por los suelos", y que la ONU haya tenido que informar al respecto.
Ante esta instancia de la ONU, Puente ha avisado de que "el Gobierno actuará" si el presidente nacional del PP, Alberto Núñez Feijóo, no "manda" cambiar de rumbo a sus líderes autonómicos y si el PP sigue "adelante" con estas normativas autonómicas.
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En un encuentro con los medios de comunicación en Salamanca, antes de participar en la II Escuela de Gobierno del PSOE de Castilla y León, Puente ha recordado que el ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, ya les trasladó que las leyes de 'Concordia', "que se habían dictado en tres comunidades autónomas", eran "abiertamente contrarias al histórico de la ONU y a las normas y a los pronunciamientos de la comunidad internacional".
Por ello, Puente ha confesado que no le ha "sorprendido" el pronunciamiento de la ONU, antes de reconocer que le "da mucha pena" que "haya gobiernos en nuestro país", desde los parlamentos autonómicos, que hayan promovido la iniciativa.
Castilla y León, "por los suelos"
"Uno de ellos me duele especialmente porque es el de mi tierra, que en lugar de dedicarse a hacer avanzar a esta tierra, pues se dediquen a esto, a dejar nuestro nombre por los suelos, porque para mucha gente en el mundo, Castilla y León es conocida en este momento porque está dictando normas que son claramente regresivas y que sitúan a España en un lugar al que no le corresponde", ha añadido en referencia al Ejecutivo autonómico de Castilla y León.
"España es un país profundamente respetuoso con los derechos humanos, es una democracia plena y no tiene sentido que haya gobiernos autonómicos que jueguen en ese territorio", ha continuado en su encuentro con los medios.
"Esperemos que el señor Feijóo, por fin, se decida a mandar en el Partido Popular y evite que esas leyes salgan adelante, si no, pues evidentemente, el Gobierno actuará", ha concluido Óscar Puente en su intervención en Salamanca.
Reprobación de la ONU
La ONU ha reprobado duramente las leyes de concordia del PP y Vox en Aragón, Castilla y León y la Comunidad Valenciana. Un dictamen firmado por tres relatores alerta de que estas normas invisibilizan las graves violaciones de derechos humanos durante el franquismo. Censura que ni siquiera nombren o condenen la dictadura y tampoco su responsabilidad por los crímenes cometidos.
Naciones Unidas ha vuelto a recordarnos que no podemos olvidar nuestro pasado y avisa de que la supresión de las subvenciones, entidades o proyectos obstaculizan el derecho de las víctimas y de la sociedad a conocer la verdad y a buscar a los miles de desaparecidos en las fosas. Sobre la de Valencia, considera que desvirtúa la memoria al ampliar el alcance de la ley a las víctimas del terrorismo etarra e islámico.
El informe recuerda la obligación del Gobierno, cualquiera que sea su nivel, nacional, regional o local, de garantizar la preservación de la memoria histórica y advierte de que su incumplimiento compromete la responsabilidad del Estado español. Por eso, pide que se tomen las medidas necesarias para garantizar el estricto respeto a los estándares internacionales de los derechos humanos. Y recuerda que la preservación del olvido a la memoria colectiva es fundamental para impedir que se repita la violencia pasada y para evitar las tesis revisionistas o negacionistas.
Unas leyes que el Gobierno anunció que recurriría cuando populares y extrema derecha las impulsaron. Uno de esos alegatos del Ejecutivo fue ante Naciones Unidas y ahora tres relatores especiales de la ONU sobre los derechos humanos han publicado un manifiesto conjunto que carga contra esas normas que desarman la ley de memoria histórica estatal.
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