El subdelegado del Gobierno insiste: o disolución de la Sociedad Alta Velocidad o integración ferroviaria

Valladolid

El Gobierno ha pedido de nuevo al Ayuntamiento de Valladolid que le remita la documentación necesaria para la cesión de la parcela en la que se asentará el campus de la Justicia. Lo hizo ya en mayo del año pasado, pero el equipo de gobierno alegó que era necesario tramitarlo por un procedimiento que, según el Ministerio, es incorrecto, por lo que esta misma semana ha insistido en su demanda que incluye la aprobación de la cesión en el pleno municipal. A partir de ahí hay partidas para poner en marcha la redacción del proyecto de obra.

Así lo ha avanzado en la SER el subdelegado del Gobierno, Jacinto Canales. Hay que recordar a finales de 2022 el entonces alcalde firmó un convenio con el Ministerio de Justicia que incluía el inicio de las obras para este año. El ciclo electoral, con las generales adelantadas, trastocó estos planes. El equipo de Gobierno remitió el pasado 8 de marzo un documento que reflejaba el acuerdo para la cesión de los terrenos destinados al proyecto. Pero dice Canales que el Ministerio acaba de contestar aunque la respuesta no va a gustar, a priori, a los responsables del ayuntamiento, ya que Justicia considera que el trámite que se ha seguido desde el consistorio no es adecuado. De hecho, se plantea que una sesión plenaria sea la que autorice la cesión.

Sobre este asunto, las críticas de PP y Vox han sido repetidas en los últimos meses ya que la única partida que figuraba en los Presupuestos Generales del Estado era de 200.000 euros que tachaban como "insuficiente" para poder avanzar en este asunto. También se ha referido a las declaraciones del concejal de Urbanismo en las que asumía como razonable el plazo de casi 20 años para poder ejecutar el soterramiento. Jacinto Canales es rotundo: las dos opciones sobre la mesa son disolver la Sociedad Alta Velocidad o seguir con las obras de la integración. Y ha apuntado que, en el ámbito temporal lo que cabe preguntarse es si la ciudad "se puede permitir" mantener el viaducto del Arco de Ladrillo o el "mamotreto de La Farola", en alusión al paso peatonal elevado que hubo de edificarse tras la supresión del paso a nivel situado en ese barrio de la ciudad cuando tuvo lugar la llegada del AVE en diciembre de 2004.

Bajo tráfico en la carretera de León

Ese ha sido el argumento que ha manejado el subdelegado para anticipar que la autovía entre Valladolid y León va a seguir esperando. Más allá de los pequeños tramos en servicio a la salida de ambas capitales, el resto sigue enmarañado en trámites y, además, Canales ha apuntado la posibilidad de construir un tercer carril como alternativa ante la "baja densidad" de tráfico en esta vía, que ha cifrado en 3.000 vehículos diarios, un tercio de lo que -según ha sostenido, utiliza el Ministerio de Transportes como criterio para desarrollar una autovía.

Mejor suerte le espera al desdoblamiento de la Nacional 122 donde las partidas presupuestarias garantizan el desarrollo de las obras ya iniciadas y de los tramos pendientes para completar la conexión con doble calzada entre Soria y Valladolid.

Únete al canal de WhatsApp de la SER

Además se ha referido a las declaraciones que realizaba este martes la alcaldesa de Burgos, que en un foro organizado por 'El Mundo', defendió que lo idóneo es que sea Valladolid la ciudad que albergue un aeropuerto de referencia para toda la comunidad. Cree que son palabras "sensatas" por "cuestiones de lógica" debido a la ubicación geográfica de la ciudad vallisoletana en el centro geográfico del territorio castellano y leonés.

Una provincia segura

El subdelegado ha insistido en que Valladolid es una provincia segura y ha apuntado que este año se alcanzará el máximo histórico en las plantillas de la Guardia Civil y la Policía Nacional. Sobre la anunciada construcción por parte del Ayuntamiento de Arroyo de la Encomienda de un cuartel para la Benemérita en el espacio que ocupó un supermercado, Jacinto Canales ha señalado que "agradecen" la iniciativa puesto que los recursos del Ministerio del Interior son "limitados" y ha avanzado que su entrada en funcionamiento obligará "con seguridad" a desplazar agentes del Puesto de Zaratán y de la Comandancia de Valladolid a estas instalaciones.

Sobre el crimen de Esther Lópes y el trabajo de investigación realizado precisamente por la Guardia Civil, ha apuntado que esas pesquisas han señalado a quien se considera como principal sospechoso para añadir que ahora "corresponde a otras instancias" decidir, en su caso, la apertura de juicio oral si hay motivos para ello y determinar con precisión quién o quiénes deben ocupar el banquillo de los acusados.