Castilla y León pedirá al Gobierno que aporte el 50% del coste de los servicios de los centros de atención presencial a víctimas de violencia sexual
Estos centros deberían haberse implantado en 2023, pero se concedió una ampliación de plazo hasta el 31 de diciembre de 2024
La consejera de Familia e Igualdad de Oportunidades, Isabel Blanco, informa sobre actuaciones en materia de atención a víctimas de agresiones sexuales / Rubén Cacho ICAL
Valladolid
La consejera de Familia e Igualdad de Oportunidades, Isabel Blanco, solicitará al Gobierno la cofinanciación de los centros de atención presencial a víctimas de violencia sexual. Son esos centros que impulso el gobierno de España, mediante fondos europeos, y que las comunidades deberían haber instalado en cada provincia tras recibir el crédito de 17 millones de euros. Sin embargo, tuvieron que ampliar el plazo para su construcción hasta el 31 de diciembre de 2024. Asegura que el crédito recibido solo cubre "el ladrillo" y pide que los servicios que se van a impartir dentro de estos centros estén financiados en un 50%.
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La consejera de Familia e Igualdad de Oportunidades en Castilla y León, Isabel Blanco, solicitará al Gobierno la cofinanciación de los centros de atención presencial a víctimas de violencia sexual.
Isabel Blanco ha justificado el retraso en la construcción por la implantación a mayores de un "centro virtual" , es decir, un teléfono y una página web para que la atención no se limite a estos centros presenciales y pueda llegar a todos los municipios. "Atiendo", que así es como se denomina esta atención virtual, también va destinado a llegar al público más joven, donde preocupa el aumento de casos de agresión sexual.
Esta web estará disponible desde el próximo lunes, aunque seguimos sin fecha para los centros de atención presencial, de los que solo confirman que se está trabajando en la adquisición de los locales y mañana se conocerán las bases de concertación para dar servicio en ellos.
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Este centro virtual también se está financiando con el crédito de los fondos europeos, pese a que, según defendía la consejera, ese crédito solo iba a ir destinado al "ladrillo". No es la única partida que se ha colado en este crédito.
Otras demandas de la consejería al Gobierno
Isabel Blanco reclamó al departamento liderado por Ana Redondo la convocatoria de una reunión con las autonomías para abordar el futuro del Pacto de Estado, cuya vigencia terminó en 2022, se prorrogó en 2023 y debe afrontarse su futuro para este año, así como la mejora del sistema Viogen para conectarlo con las bases de datos de las comunidades autónomas, una demanda histórica de la Comunidad que ejemplificaba con las últimas víctimas de violencia de género en Castilla y León, que figuraban en la base de datos autonómica como mujeres vulnerables y, sin embargo, no estaban con riesgo alto en el Viogen.
La consejera solicita al Gobierno que tenga en cuenta el nivel de cumplimiento de las comunidades autónomas a la hora de hacer efectivos los compromisos derivados del pacto de Estado, y recuerda que Castilla y León fue la única comunidad que desde 2018 ha ejecutado la totalidad de los fondos recibidos por este concepto.
