ASEBOR consigue que la Junta simplifique los trámites burocráticos en su relación con los viticultores
Lal Consejería de Agricultura y el Consejo Regulador Ribera del Duero firman un convenio para compartir los datos de registro vitícola con el que cuentan ambas instituciones
Viñedo de la Ribera del Duero listo para la vendimia 2023 / Radio Arand
Ribera del Duero
La Consejería de Agricultura y el Consejo Regulador de la Ribera del Duero han formalizado el convenio por el que se institucionaliza el acuerdo que simplifica los trámites burocráticos a los que están obligados los viticultores en relación con la administración regional. Tal y como solicitó en su día la asociación de bodegueros ribereños ASEBOR ambas entidades acuerdan compartir los datos de registro de viticultores, lo que evitará la duplicidad de tramitaciones. Un acuerdo que afecta a unos 7.500 viticultores ribereños, pero que podría extender sus beneficios a otros 11.000 titulares de explotaciones vitícolas de Castilla y León, dada la intención declarada de la Junta de firmar convenios similares con el resto de Denominaciones de Origen de la región.
El acuerdo principal del convenio es la creación de una plataforma de intercambio de datos telemáticos, que permita resolver los desajustes entre el Registro Vitícola de la Consejería y el de la denominación. Actualmente, las 2.600 actualizaciones que se realizan cada año deben resolverse de forma manual, consumiendo una gran cantidad de recursos de todos los implicados, y con el riesgo de cometer errores de transcripción.
Según información de la Consejería de Agricultura, se estima que en torno al 10 % de los titulares de explotaciones que figuran en el Registro Vitícola no tienen actualizado alguno de sus datos registrales, lo que equivale a unas 3.000 hectáreas de superficie de viñedo que podrían tener incidencias. La información correcta, sin embargo, existe, y se puede acceder a ella, de modo que el desajuste puede resolverse, como plantea el convenio, con un cauce telemático de intercambio de información.
Los datos que se compartirán –siempre con las limitaciones que establezca la política de protección de datos– tienen que ver con el código de plantación, la provincia y el municipio en el que se sitúa cada explotación; la referencia del Sistema de Información Geográfica de Parcelas Agrícolas (SIGPAC); la superficie total de la parcela; la superficie plantada; el año de plantación, y la variedad, entre otros datos técnicos.
