Cesif denuncia el despido de 25 trabajadores de centros de menores
Señalan que es la consecuencia del reciente convenio firmado para el personal laboral
Centro de menores Zambrana de Valladolid
Valladolid
Según el sindicato Cesif, 25 trabajadores de los centros de menores en la Comunidad serán despedidos en noviembre por la Junta de Castilla y León, si no rectifica la decisión. Siete despidos son de Valladolid (4 del centro Zambrana y 3 de Montero); 8 de Salamanca (4 de Los Charros y otros 4 de Los Molinos; 4 del Gregorio Santiago de Burgos; 3 del Suero de Quiñones de León y 3 del Fuente Clara de Ávila.
Para la Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) es “una reconversión en toda regla”, la consecuencia de la nueva reclasificación laboral del convenio colectivo para el personal laboral firmado el pasado 12 de junio con los sindicatos UGT, CCOO y CGT, y del que CSIF se desvinculó.
“Se irán a la calle muchos de los trabajadores de las cuatro categorías profesionales del Grupo ll que con este convenio se extinguen”, denuncia la portavoz de Cesif Mar Carrascal. Se trata de los puestos de educador, técnico de atención al menor en institución (TAMI), técnico de atención al menor en medio Abierto (TAMMA) y responsable nocturno de internado.
Estas categorías se sustituyen por una única, el técnico del menor (también del Grupo ll), puesto al que se accede con un grado en Educación Social, Psicología o en Pedagogía. CSIF denuncia que “la voluntad evidente de la Junta es ahorrar a costa de abaratar el trabajo de los empleados, ya que su intención real es asignar las tareas que venían realizando las mencionadas categorías TAMI, TAMMA, educador y responsable nocturno (Grupo II) a un puesto de nueva creación e integrada en el Grupo III, el técnico de apoyo al menor, para el que se exige el título de FP Técnico Superior en Integración Social.
CSIF recalca “los despropósitos y los graves errores y consecuencias que va a tener para los afectados, y este es un ejemplo”. Advierte que “por lo pronto, los trabajadores y trabajadoras se enfrentan a una importante inseguridad jurídica, derivada de un convenio colectivo que no se tendría que haber firmado nunca”, ya que “para 25 profesionales va a suponer un despido inmediato, y para los que se queden o contraten inseguridad laboral, ya que no conocen bien cuáles van a ser sus funciones, dada la inconcreción del propio convenio cuando las define”. Es especialmente preocupante, en este sentido, la eliminación -en las dos categorías laborales- de las funciones educativas dirigidas a los menores, advierte la organización sindical independiente.
