Las dos socias de Zep Travel se enfrentan a siete años de cárcel

Palencia

La Audiencia Provincial de Palencia acoge el juicio contra las dos responsables de la agencia de viajes Zep Travel, que cerró el 12 de agosto de 2017 dejando a numerosos damnificados. El Ministerio Fiscal solicita una pena de siete años de prisión y una multa de 7.560 euros para cada una de ellas como presuntas responsables de un delito continuado de estafa en concurso con otro delito de falsedad documental mercantil. La Fiscalía sostiene que las dos acusadas supuestamente recibieron los pagos de los clientes y les hicieron creer que el dinero era destinado para sufragar los servicios contratados. Sin embargo, presuntamente las dos procesadas no realizaron las gestiones contractuales, por lo que los clientes se quedaron sin disfrutar de los viajes contratados ni tampoco recibieron el dinero pagado. Una vez realizado el pago parcial o total de los viajes, ya fueran viajes combinados, vuelos y/o estancias en hoteles, ellas, al parecer, realizaban las primeras gestiones para reservar dichos servicios turísticos, pero sin llegar a abonar los mismos, por lo que las reservas terminaban cancelándose.

El cierre de la agencia de viajes Zep Travel, ubicada en el centro de la ciudad, dejó a 186 perjudicados, según refleja la acusación pública, sin los viajes que ya tenían contratados y pagados entre finales de 2016 y 2017 con cantidades que oscilaban entre los 500 y los 10.000 euros. La cuantía supuestamente estafada, a juicio del Ministerio Fiscal, supera los 250.000 euros. Entre las reservas presuntamente estafadas hubo un buen número de viajes al extranjero, en concreto a Canadá, Rusia, Estados Unidos y Noruega. También abundaban los cruceros anulados, los hoteles cancelados y los viajes que, en definitiva, no existían.

En relación con los medios de pago utilizados por Zep Travel, el que usó mayoritariamente la agencia fue el abono en efectivo, por importe total de 139.941 euros.

Otro medio fueron las transferencias bancarias, siendo cuatro las cuentas corrientes receptoras de los importes abonados por los denunciantes, y otro, el abono con tarjeta de crédito/débito, siendo dos los procedimientos de pago por este medio, según sostiene la Fiscalía.

En lo relativo a los cargos fraudulentos y el uso de las tarjetas de clientes por las procesadas, la Fiscalía mantiene que supuestamente solicitaban a los clientes sus tarjetas de crédito, haciéndoles creer que abonaban los servicios que estos contrataban a la agencia, y con este convencimiento, se las facilitaban cuando la realidad era que con sus tarjetas abonaban los viajes de otras personas.

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En otras ocasiones, habiendo obtenido previamente la numeración y los CVV de las tarjetas para cobrar un viaje o servicio anterior conocido por los titulares de la tarjeta, realizaban, con posterioridad y sin el consentimiento ni conocimiento de estos clientes, cargos en dichas tarjetas que igualmente abonaban viajes o servicios de otros clientes. Los afectados días o meses después de haber estado en la agencia detectaban esos cargos en sus cuentas corrientes.

Asimismo, supuestamente utilizaban el TPV o datáfono de la agencia para, sin la presencia física de las tarjetas, mediante la introducción de los datos de la misma, realizar cargos en ellas cuyo importe suponía directamente un ingreso en la cuenta corriente a la que se hallaba vinculado el citado TPV, no correspondiendo dicho cargo con un servicio contratado a la agencia