Olegario Ramón explica a Morala que el castillo podría recibir 2,3 millones de euros de fondos europeos gracias a "la renuncia" de cien mil euros de la Junta
El socialista advierte del "peligro" que supone para Ponferrada que el PP haya empezado a permutar parcelas por cambios de edificabilidad.
Ponferrada
El exalcalde de Ponferrada y portavoz del PSOE, Olegario Ramón, lamenta que el alcalde actual del Partido Popular, Marco Morala, intente aplicar la “técnica del espejo” para culpar a los demás de gobernar con "desidia". Lo hace tras los reproches que ha hecho Morala por la presunta pérdida de una subvención de cien mil euros que daba la Junta de Castilla y León para señalizar la fortaleza templaria. Ramón no entiende que el regidor desconozca que se renunció, por informe técnico, a esa subvención puesto que era incompatible con una línea de fondos europeos a la que se acudió para conseguir más de dos millones trescientos mil euros, una partida que incluye mucho más que la simple señalización y que financiará, de concederse, el cien por cien de la cuantía.
Se trata de un proyecto a tres años que, de aprobarse por Europa, permitirá abrir en la fortaleza un campus arqueológico, dotarla de aplicación tecnológica eficiente, mejorar su eficiencia energética y rehabilitar el entorno medioambiental, entre otras intervenciones. Es explica Ramón un ejemplo más del gran trabajo que se hizo en la anterior legislatura entre técnicos y equipo de gobierno. Por eso lamenta que lo único que haga Morala es dedicarse a embarrar y a actuar con mala fe hacia las decisiones de los trabajadores municipales.
De hecho, Ramón cree que lo que realmente suscita dudas es el inmediato afán que ha demostrado el PP de recurrir al cambio de edificabilidad para permutar la ampliación de 600 metros cuadrados del parque del Temple. El hilo "cambio planeamiento urbanístico y PP", sí que es a juicio de Ramón un motivo para preocuparse.
Las sentencias a las que alude Ramón se remontan a la época de Pongesur de principios de los 2000 en las que se anulaban los cambios de edificabilidad que se pretendían aplicar en el barrio de la Rosaleda y también las modificaciones que intentaban dar licencia a la construcción de hasta siete alturas en la margen derecha del río Sil, junto al puente Obispo Osmundo, y con la que se dio razón a los vecinos que denunciaron al consistorio.