Las oficinas 'antiokupación' de la Junta de Castilla y León registran siete consultas presenciales en su primer mes de funcionamiento

La creación de unas oficinas para combatir la ocupación de viviendas fue anunciada a bombo y platillo por el presidente de la Junta de Castilla y León el pasado 18 de mayo. El objetivo, según expuso entonces Alfonso Fernández Mañueco era «garantizar la propiedad» y también iban a servir, según sostuvo «para decir que la ocupación es un delito que hay que perseguir». Los primeros datos que ha hecho públicos el gobierno autonómico, a través de la Consejería de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio, confirman el escaso interés que ha generado entre la ciudadanía esta iniciativa que se ofrece en las nueve provincias castellano y leonesa. Una situación que ha denunciado a través de su cuenta en Twitter, el ex alcalde de Valladolid y candidato del PSOE al Congreso en las elecciones del 23 de julio, Óscar Puente. Ha adjuntado una captura con una tabla que refleja esas cifras y en la que se puede comprobar que, en su primer mes de funcionamiento, esta red de oficinas ha registrado siete consultas presenciales y 27 llamadas telefónicas, todas ellas de consultas o para solicitar información, tal y como ya avanzó hace unos días la directora general de Vivienda de la Junta. Puente se pregunta «si no les da vergüenza hacer públicos estos datos» y recuerda lo sucedido cuando su gobierno clausuró el Museo del Toro instaurado por el PP en la ciudad y que, cuando se produjo ese cierre, tenía apenas un visitante diario. Las consecuencias de la ocupación ilegal de viviendas y la puesta en marcha de estas oficinas y de otros recursos similares es una propuesta que han defendido tanto PP como Vox, ambos socios de gobierno en la Junta de Castilla y León. A la vista de estas primeras estadísticas, da la impresión de que esta realidad no supone una preocupación para la ciudadanía de la comunidad autónoma. La provincia con mayor actividad es Valladolid, que acumula 10 consultas, todas telefónicas. En total, sólo cinco de todas las comunicaciones trasladadas a la Junta tenían relación directa con casos de propiedades «okupadas» y hay dos terrtorios, Soria y Salamanca, con el casillero a cero. De acuerdo a la información facilitada por el Ejecutivo autonómico, este sistema de información se ha coordinado con el Consejo General de Cámaras de la Propiedad Urbana de Castilla y León que se comprometen a prestar, desde sus dependencias y con su personal, un servicio de información y asesoramiento en materia de ocupación ilegal de viviendas. En concreto, se encargan de facilitar toda la información y asesoramiento que se solicite en relación con la prevención, la actuación inmediata, en su caso, y las actuaciones posteriores en caso de ocupaciones ilegales en curso. Para acceder a este servicio de información y asesoramiento se puede acceder por dos vías: a través del Servicio 012 de la Administración de la Comunidad de Castilla y León, o bien contactando directamente con la Cámara de la Propiedad Urbana de su provincia.

Las oficinas 'antiokupación' de la Junta de Castilla y León registran siete consultas presenciales en su primer mes de funcionamiento

El socialista Óscar Puente critica en Twitter la escasa incidencia de esta medida anunciada por Mañueco

Mario Alejandre

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