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Sociedad

El uso de mascarillas en los centros de salud y farmacias pasará de ser obligatorio a recomendado

El consejero de Sanidad de Castilla y León apoya la medida porque la emergencia sanitaria "se ha pasado"

Alejandro Vázquez, consejero de Sanidad / agencia ical (agencia ical)

Alejandro Vázquez, consejero de Sanidad

Valladolid

El uso de mascarillas en los centros de salud y en las farmacias pasará de ser obligatorio a ser solo una recomendación, una vez que la decisión adoptada este viernes en el Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud (Cisns) sea aprobada por el Consejo de Ministros.

A tenor de la decisión, aprobada por unanimidad, según apuntó el Ministerio de Sanidad en un comunicado, "no será necesario llevar la mascarilla al entrar en una farmacia, ni durante la visita a una residencia de mayores ni en los centros sanitarios". El uso de mascarilla solo se podrá exigir en las zonas donde pueda haber pacientes inmunodeprimidos, como las unidades oncológicas o en los quirófanos y UCI donde siempre se han utilizado.

El consejero de Sanidad, Alejandro Vázquez, apoyó la medida, porque argumentó la emergencia sanitaria “se ha pasado” y se debe “pasar a otro punto”. No obstante, afeó al Ministerio que no incluyera esta cuestión sobre las mascarillas en el orden del día del Consejo Interterritorial y que se tratara dentro del apartado de análisis de la situación epidemiológica.

Además, Alejandro Vázquez apuntó que la decisión tomada se ajusta a las recomendaciones del mes de mayo de la Ponencia de Alertas Sanitarias y recordó que los consejeros del PP demandaron que la medida se aplicara en todo el territorio nacional, para evitar lo ocurrido en el pasado, cuando algunas restricciones eran de aplicación “en unos sitios sí y en otros no”.

Vázquez consideró que este Consejo Interterritorial ha sido “utilizado” por el Gobierno como una “maniobra más” de la campaña electoral ya que recordó esta semana se han celebrado dos reuniones, una telemática y otra presencial, de este órgano, que comparten las comunidades y el Gobierno, sin que se haya tratado los problemas asistenciales y la falta de médicos que señaló afecta a todas las comunidades y que se está notando ya con la llegada del verano.

El ministro de Sanidad, José Miñones, agradeció a los consejeros el trabajo realizado al frente de sus departamentos durante la crisis sanitaria provocada por la COVID-19. Una vez informado el Consejo Interterritorial, y siendo secundada por todos los presentes, el Ministerio de Sanidad trasladará al Consejo de Ministros la propuesta del fin de la crisis sanitaria y el resto de medidas acordadas hasta la fecha, para su toma en consideración.

600 millones

Por otro lado, el Consejo Interterritorial dio luz verde al reparto de más de 600 millones de euros a las comunidades autónomas y el Instituto Nacional de Gestión Sanitaria (INGESA) para la financiación de distintas líneas de actuación enfocadas a la mejora de la sanidad pública. Entre ellas, dos líneas: el Plan de Mejora de Infraestructuras de Atención Primaria (MINAP), con 579,17 millones; y el refuerzo de la atención a la salud mental, con 38,5 millones.

El objeto del Plan es la mejora de las infraestructuras de los centros y la ampliación y renovación de su equipamiento clínico en centros de salud y consultorios de Atención Primaria, urgencias de Atención Primaria, salas de fisioterapia y salas de radiología. El desarrollo de la Estrategia de Salud Mental permitirá renovar las infraestructuras y equipamiento clínico de los centros, servicios y unidades destinados a la atención de la salud mental comunitaria tanto para población adulta como infanto-juvenil.

Enfermedades raras y ELA

El Consejo Interterritorial aprobó también los criterios para la distribución de fondos a las comunidades para desarrollar estrategias frente a enfermedades raras y enfermedades neurodegenerativas, incluida la Esclerosis Lateral Amiotrófica (ELA) por un importe 2,81 millones. Por otra parte, se dio luz verde a la distribución de fondos con destino a la financiación del Programa de reasentamiento y reubicación de personas refugiadas, por un importe de 1,74 millones.

Asimismo, el Consejo Interterritorial acordó la distribución de créditos, con destino a la financiación del Plan anual de trabajo 2023 de la Red Española de Agencias de Evaluación de Tecnologías Sanitarias y Prestaciones del Sistema Nacional de Salud, por un importe de 5,29 millones.

 
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