Los trabajadores de los centros de discapacidad piden una equiparación salarial
Se concentrarán ante la consejería de Familia para pedir a la consejera que intervenga ante las empresas concesionarias de estos servicios
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DEPENDENCIA / CADENA SER
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Valladolid
Los trabajadores del sector de la discapacidad, que prestan servicios en centros privados de la Región se concentrarán frente a la consejería de Familia para pedir un trato laboral igual que el resto de trabajadores de este sector dependientes de la administración pública.
Estos trabajadores de centros privados, dependientes de la consejería de Familia, ganan en algunos casos entre 800 y 1.200 euros menos al mes que los que prestan este mismo servicios en alguno de los ocho centros públicos que hay en la Comunidad. Son empleados que dependen de las empresas privadas con las que la Consejería mantiene un concierto y que gestiona casi 800 centros de acogida, la mayoría casas para personas con dificultades y discapacidades. Piden que la administración regional complemente esos salarios para tener un poder adquisitivo como el resto de estos empleados cuyas empresas concesionarias reciben cada año más dinero de la administración regional por este servicio.
Un mismo convenio
Tanto los 2.000 empleados en los ocho centros públicos existentes en la Comunidad como los de los centros privados se encuentran bajo un mismo convenio estatal, si bien queda a expensas de las comunidades autónomas la posibilidad de establecer complementos autonómicos con el fin de equiparar los emolumentos que perciben unos y otros, algo que UGT-SP denuncia que no se ha hecho en Castilla y León y sí en otros territorios como Aragón, Baleares, Castilla-La Mancha o Murcia.
La no aplicación de ese demandado complemento autonómico en Castilla y León genera diferencias salariales de entre 800 y 1.200 euros entre lo que percibe un trabajador adscrito a un centro público y lo que cobra otro compañero, con idénticas funciones, en uno de los casi 800 centros privados o viviendas tuteladas existentes en la comunidad que atienden a personas discapacitadas.
UGT responsabilizado de la situación a la consejera de Familia, Isabel Blanco, por su negativa a recibirles y atender sus demandas y ha anunciado que el sindicato ha remitido un escrito al presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, para que ponga fin a una situación que, en caso de no recibir contestación, están dispuestos a denunciarlo ante el Gobierno central e incluso acudir en amparo ante el Tribunal Constitucional.
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José Manuel Gozalo
Redactor de Radio Valladolid. Licenciado en Ciencias de la Información por la Universidad Complutense...