La Audiencia provincial de León juzga del 24 al 28 de abril a los seis acusados de la estafa "Fito" destapada en Villafranca del Bierzo en el año 2016
El Ministerio Fiscal pide para los seis acusados que cobraban por los cursos penas de prisión de entre cuatro y seis años y medio de cárcel
Ponferrada
La Audiencia provincial de León ha reservado cinco días para proceder a juzgar a los seis acusados del Fiscalía pide penas de hasta seis años y medio de prisión para los seis implicados en la denominada operación “Fito” que se abrió en el año 2016 en el juzgado de Instrucción número 4 de Ponferrada contra las empresas Rabcor, Sanea Control y el grupo Lucaser por la programación en Villafranca de cursos de formación para la obtención del carnet de manipulación de Fitosanitarios, unos cursos con los que se estafó a unos 7.000 mil agricultores a los que se le cobraban entre 100 y 150 euros por obtener un carnet que no necesitaban.
Tal y como les adelantó en 2018 Radio Bierzo, el Ministerio Fiscal considera que se les debe juzgar por un delito continuado de estafa, como delito de masa, en concurso con un delito de falsedad en documento oficial. Para los seis investigados se piden penas de prisión que van entre 48 y 81 meses, según la implicación en el caso, además de la restitución de las cantidades estafadas.
Para quienes no lo recuerden, este procedimiento se destapaba hace exactamente dos años. Lo hacía el propio Ministerio del Interior, a instancias de una investigación abierta por el Servicio de Protección de la Naturaleza (SEPRONA) de la Guardia Civil en coordinación con la Fiscalía de Medio Ambiente de Ponferrada y el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción de la capital del Bierzo, que contaron con la colaboración de los técnicos en Sanidad y Producción Vegetal del Servicio de Agricultura y Ganadería de la Junta de Castilla y León y Xunta de Galicia.y con el Servicio de Agricultura y Ganadería de la Delegación Territorial de León de la Junta de Castilla y León.
Con las investigaciones se pudo constatar que varias empresas ofertaban estos cursos de formación asegurando que el Real Decreto dictado por la Xunta de Galicia obligaba a tener dicho carnet para manipular los fitosanitarios bajo la amenaza de aplicarse sanciones económicas a quienes no contasen con esa acreditación, un control que sólo debían pasar profesionales y vendedores.
Los cursos estaban compuestos por una primera fase on-line con una carga lectiva de 16 horas y una segunda fase práctica con 9 horas. La mayor parte de los estafados eran personas de avanzada edad sin ordenadores, lo que llevó a un uso masivo de las mismas direcciones IP desde las que las propias empresas contestaban con robots informáticos a los test que se guardaban como realizados por los contratantes de los cursos.
La casualidad hizo que el responsable del sindicato agrario Asaja en Castilla y León presenciase las escenas "esperpénticas" de uno de esos cursos en Villafranca del Bierzo, localidad a la que, explica, " llegaban autocares llenos de gallegos que no salían ni del Parador Nacional para recibir las clases prácticas" y a los que los monitores ponía, en caso de no saberlas, las respuestas de los exámenes.
Igualmente, la Guardia Civil en colaboración con inspectores de la Junta de Castilla y León, detectaron múltiples irregularidades en la fase presencial de los cursos que se estaban desarrollando en diferentes sedes de la comarca del Bierzo, a cargo de la empresa Rabcor, aunque también estaban implicadas la gallega Lucaser y la asturiana Sanea Control.
Fiscalía también pide, en sus calificaciones previas, a los gobiernos gallego y castellano y leonés que anulen la validez de los carnets emitidos, además de indemnizara los alumnos correspondientes a sus respectivas academias y puestos de trabajo por las cantidades abonadas en concepto de formación de cursos.
