A la calle por un aborto libre, gratuito y en hospitales públicos

Valladolid

Más de 200 organizaciones feministas de toda España se darán cita este sábado, 15 de abril, en Valladolid en una gran manifestación en defensa de la salud sexual y reproductiva de las mujeres. Piden que el derecho al aborto sea real, en centros públicos, y no en clínicas privadas diseminadas por la comunidad que obligan a muchas mujeres a desplazarse a otra provincia, cuando no a otra autonomía, para hacer efectivo su derecho, reconocido por ley, a interrumpir su embarazo.

Advierten las entidades convocantes que el panorama en Castilla y León es especialmente sombrío, con cinco provincias en las que no se practica el aborto y con solo dos centros hospitalarios en los que se lleva a cabo: Burgos y Miranda. Yolanda Martín, de la Coordinadora de Mujeres de Valladolid, una de las asociaciones convocantes, señalaba en rueda de prensa que este derecho a la interrupción del embarazo "no es efectivo si las mujeres tienen que desplazarse fuera de su ciudad para llevarlo a cabo". Además, recuerda que en ocasiones, las mujeres que acuden a las clínicas privadas con las que la Junta de Castilla y León ha concertado este servicio, deben hacer frente a grupos de ultracatólicos que rezan frente a estas clínicas en un intento por disuadirlas de ejercer su derecho.

La situación es especialmente preocupante en la comunidad, donde la ultraderecha ocupa, junto al Partido Popular, la Junta de Castilla y León, y cuya agenda "tiene como principio el recorte del derecho al aborto de las mujeres". Aseguran sentirse "moneda de cambio" y advierten de que los ataques iniciados contra las mujeres "no se detienen ahí". "Hoy, Castilla y León, con el gobierno de PP y Vox, se ha convertido en el territorio en el que los derechos de las mujeres sufren una mayor amenaza, y ello partiendo de una situación de especial vulnerabilidad dentro del país tras casi cuarenta años de gobiernos conservadores".

De toda España

Se espera una afluencia importante de mujeres llegadas de otras comunidades autónomas, ya que los problemas que se plantean para llevar a cabo un aborto son comunes a otros territorios, lo que califican de "olvido sistemático" del derecho que tienen las mujeres a decidir.

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Por su parte, María Luisa Municio ha denunciado que el último informe de agosto de 2022, publicado por la Consejería de Sanidad de Castilla y León, "maquilla la carencia de recursos públicos para acceder al aborto en esta comunidad". La representante de la Coordinadora ha destacado que dentro del informe se recoge que el mayor número de abortos se da en mujeres adultas -el 49,76 por ciento tienen más de 30 años- y el 48,71 por ciento en mujeres que ya son madres, lo que echa por tierra algunos de los prejuicios y argumentos equívocos que esgrimen los detractores de este derecho.

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Retrasos injustificados

Asimismo, Municio ha explicado que más del 42 por ciento de las mujeres tienen que pagar por abortar por la "falta de centros públicos en su provincia" y, de igual manera, la resulta "indignante" que en las provincias como Soria o Palencia el aborto financiado se retrasa "indebidamente" entre dos y tres semanas de media respecto a Valladolid y Burgos.

Para concluir, la Coordinadora de Mujeres ha exigido el acceso a métodos anticonceptivos de última generación y que la píldora del día después se suministre en los centros de salud. De igual manera, también pide que, para que la maternidad se elija libremente, se fomenten políticas públicas que establezcan servicios públicos y favorezcan la incorporación de los hombres al cuidado y conciliación familiar y laboral.