Condenan a la UVa a indemnizar con 25.000 euros a un trabajador del Campus de Palencia por acoso laboral
La víctima sufre trastornos mentales debido a la excesiva carga de trabajo y falta de reconocimiento por parte de su empleadora, la Universidad de Valladolid.
Imagen del Campus Universitario de la Yutera en Palencia. / educacionpalencia.es.
Palencia
El Juzgado de lo Social número 1 de Palencia ha condenado a la Universidad de Valladolid a indemnizar a un trabajador, personal laboral del Campus de la capital,con la cantidad de 25.000 euros por haber vulnerado el derecho fundamental a la dignidad del operario, dando por probado que se ha producido acoso laboral o mobbing. En el fallo se insta a la universidad "a cesar inmediatamente en toda actividad lesiva hacia el trabajador". Se estima parcialmente la demanda que interpuso el afectado ya que se absuelve a un profesor al que también se había demandado. en definitiva, el juzgado hace recaer toda la responsabilidad de lo ocurrido en la UVa.
El trabajador, que ha estado representado por la letrada Amaya Rodríguez de AFYSE Abogados, ejerce como personal laboral en el departamento de Ingeniería Agrícola y Forestal del Campus de Palencia. Según se recoge en los fundamentos de derecho de la resolución, "puede inferirse que la situación de sobrecarga de trabajo del demandante era conocida en el departamento en el que trabajaba y por ende, por la demandada Universidad de Valladolid. Entiende la magistrada que “Es cierto que la víctima del acoso no ha sufrido expresiones que supongan insultos o vejaciones en una apreciación clásica del mobbing, sino que más bien, este se traduce en un deterioro del trabajador bajo una excesiva carga de trabajo instrumentalizada en el envió de whatsApp, generando aún mayor presión, a falta de un uso racional de los partes de trabajo; situación, que ademas no es desconocida, al existir anterior denuncia por otro trabajador en el año 2013”, según términos textuales de la sentencia.
Añade la resolucón que "tampoco puede decirse que el actor haya visto reconocido su esfuerzo con algún tipo de mención en los proyectos de investigación, pues tan solo en un proyecto del año 2018 figura en (“otro personal implicado”), pasando desapercibido, pese a la sobresaliente pericia reconocida por los propios profesores”.
También da por probado que "la Universidad de Valladolid no procedió hasta marzo de 2022 a cambiar de puesto de trabajo al demandante, además de modificar y crear un puesto de técnico especialista de laboratorio agrario grupo III que, de haberse llevado a cabo al tiempo de la primera denuncia de acoso laboral (2013), se entiende que hubiese evitado la denuncia de acoso laboral actual, y, con ello el menoscabo evidente y palpable en la salud mental del trabajador, tal y como demuestran los informes médicos de psiquiatría; debiendo haber respondido de modo urgente la universidad demandada, como mínimo, al momento de la baja médica del actor en junio de 2021, atendido el anterior precedente, y, sin embargo, no fue hasta marzo de 2022 cuando se trasladó al trabajador de puesto de trabajo con las resultas de su mejoría, como muestra el informe de psiquiatría de julio de 2022”. Es decir, de haber actuado correctamente, la entidad universitaria habría evitado los problemas de salud mental del trabajador derivados del trato que se le dispensó.
Entiende la juzgadora que “en el presente supuesto, no estamos ante momentos o crisis puntuales, sino ante una paulatina degradación del trabajador bajo una ingente carga de trabajo para la que no había fin, carga inmediata y urgente, sin que haya mediado un reconocimiento de su labor y disponibilidad, que le llevó a la merma de su propia autoestima y padecer un trastorno mental". Añade que "la hostilidad no viene de una conducta activa, sino mas bien, de una absoluta pasividad de la Universidad demandada con igual resultado lesivo que una conducta activa. Dicha demandada, a sabiendas de la precariedad de medios personales no actuó en consecuencia, mucho mas, al haber existido una episodio anterior denunciado ante la Inspección de trabajo y la propia Universidad."
En este sentido se hace responsable de dichas conductas lesivas sobre la dignidad del trabajador (art. 10CE) a la Universidad de Valladolid en exclusiva, toda vez, que el profesor al que también se emandó y que ha sido absuelto "contaba según los hechos probados, con la anuencia de la Gerencia de la Universidad de Valladolid, en la encomienda de tareas al personal laboral, tanto de las funciones de la docencia como de investigación.” Considera la magistrada que “La responsabilidad debe predicarse de todos los profesores, pues el actor era una especie de comodín o de ayuda a la que todos acudían”. Concluye que "nada se puede dudar, acerca del daño moral ocasionado al trabajador, quien ha visto mermada su salud a consecuencia de su excesivo trabajo, con evidente repercusión sobre su vida personal, familiar y laboral (informes de psiquiatría)”. La sentencia no es firme y contra la misma puede presentarse recurso de suplicación ante el Tribunal Superior de Justicia.
