Armisén dice que "no es fácil" que todo el personal de los CEAS sea asumido por la Diputación de Palencia
Mañana se abordará este asunto en una reunión, aunque la presidenta de la institución matiza que ya ha habido más reuniones
Ángeles Armisén, presidenta de la Diputación / Damián Blanco
Palencia
Esta semana a Federación de Servicios a la Ciudadanía (FSC) de CCOO Palencia demandaba la equiparación salarial en los Centros de Acción Social (CEAS) del medio rural de los empleados contratados por los ayuntamientos con los que integran la plantilla de la Diputación. Una medida que vendría a solucionar una brecha que puede alcanzar los 700 euros al mes, según la información que difundió el mencionado sindicato.
Hoy ha reaccionado la presidenta de la Diputación de Palencia, Ángeles Armisén. Lo primero que ha querido dejar claro es que en ningún caso se está ante una situación irregular. Incide en la ley estatal para la estabilización de lso empleados públicos en situación interinidad y recuerda que lo que ocurre es que unos trabajadores dependen de Diputación y otros de ayuntamientos que tienen su propio convenio. Mañana se abordará este asunto en una reunión, previsión que, según Armisén no es una acción aislada, ya que este asunto se ha tratado en reuniones anteriores en el marco del Diálogo Social.
De la plantilla total de unas 60 personas, esta situación afecta a 32 trabajadores que prestan sus servicios en los CEAS de once ayuntamientos y una mancomunidad de la provincia: Guardo, Cervera de Pisuerga, Aguilar de Campoo, Herrera de Pisuerga, Paredes de Nava, Astudillo, Osorno, Torquemada, Carrión, Villarramiel y Saldaña y la Mancomunidad del Cerrato.
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Recordaban esta semana desde CCOO que «hasta junio del pasado año, los trabajadores de los CEAS en ayuntamientos pequeños y Diputación no tenían reconocidas sus plazas». A raíz del proceso de estabilización, que las administraciones deben cumplir por ley, en la institución provincial se modifica la Relación de Puestos de Trabajo (RPT) para incorporar a estos trabajadores, en su mayoría mujeres. Esto implica, además, el reconocimiento de su categoría laboral y los complementos que les corresponden.
Esta actualización no se ha llevado a cabo en los consistorios de menos de 20.000 habitantes, «generando una diferencia de condiciones salariales sustanciales». «La labor que realizan es la misma, se desarrolla en el mismo lugar y es organizada y coordinada por la propia Diputación», sostuvo.
La FSC entiende que urge alcanzar un acuerdo que «dé una solución transitoria» a estos trabajadores, «hasta conseguir el definitivo cumplimiento de la Ley de Servicios Sociales».
