Un interno quema un colchón en la cárcel de Dueñas
Los funcionarios pertrechados con máscaras de humo y extintores han sofocado el fuego
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Cárcel de Dueñas (Palencia) / Radio Palencia
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Palencia
Reproducimos de forma íntegra el comunicado que ha difundido en las últimas horas el sindicato de prisiones Tu abandono me puede matar
"l sindicato profesional de Trabajadores Penitenciarios “Tu Abandono Me Puede Matar” del centro penitenciario de la Moraleja-Dueñas en Palencia informa: En el día de hoy se ha producido un incendio en el departamento de aislamiento. Ha sido sobre las 14,30 horas cuando se han encendido todas las alarmas al observar los funcionarios de servicio en el citado modulo la densa humareda que salía por la ventana de una de las celdas y como comenzaba a inundarse de humo negro la galería, haciéndose rápidamente irrespirable. Inmediatamente se han iniciado las labores de extinción del incendio, sin descuidar las medidas de seguridad y protección personal, por los propios funcionarios del departamento. El incendio se ha producido al quemar intencionadamente la ropa de cama y el colchón de la celda uno de los internos del módulo de aislamiento, un interno español que se encuentra en artículo 91.3 y que ha protagonizado varios incidentes regimentales en los últimos días.
Pese a que el colchón es ignífugo, éste al ser sometido a una llama desprende un denso humo que hace imposible la visibilidad y la respiración. Los funcionarios pertrechados con máscaras de humo y extintores han sofocado el incendio, evacuando al interno responsable del incendio y a los más cercanos a los patios de seguridad. Esta evacuación no ha estado exenta de riesgo dado que este departamento alberga a los internos calificados de extrema peligrosidad y/o inadaptados a los regímenes ordinario y abierto. La rápida actuación y gran experiencia de estos trabajadores han evitado hoy que haya que lamentar daños personales. Los incendios espontáneos en una celda son casi imposibles, siendo la inmensa mayoría provocados con el fin de acabar con su vida, agredir a los funcionarios, salir del módulo por la “vía rápida” evitando hacer frente a las deudas contraídas con otros internos, como protesta o simplemente por “liarla” como dicen en el argot carcelario. En cualquiera de estas situaciones, que la experiencia nos dice esconden otro objetivo, los funcionarios estamos obligados a actuar para velar por la vida, integridad y salud de los internos (Ley Orgánica Gral. Penitenciaria, 1/1979, de 26 de septiembre) incluso arriesgando la vida al acudir a un incendio sin formación permanente adecuada. Lo normal en el resto de los ámbitos de la Administración General del Estado sería llamar a los bomberos cuando hay un incendio en el centro de trabajo.
Es por esta realidad específica del ámbito penitenciario, por lo que la mayoría de los funcionarios de Instituciones penitenciarias exige un Estatuto y un sector de negociación propios. La propia relación de especial sujeción que el interno mantiene con la administración penitenciaria como consecuencia de una pena privativa de libertad, medida de seguridad y/o sanción penal, ausente en las relaciones ciudadano-AGE, y el concepto de seguridad como elemento transversal y consustancial al correcto ejercicio del servicio público penitenciario entre otros muchos elementos diferenciadores. Por ejemplo, a fecha de 20 de octubre, hay computadas en este año oficialmente 310 agresiones a funcionarios por parte de la población reclusa, cifras muy lejos de la realidad, pues no se considera agresión las que no conllevan lesión física, psíquicas o verbales. Asimismo, se quejan de unos salarios poco acordes a la responsabilidad y los riesgos que asumen. Este sindicato mantiene un conflicto con la Administración desde 2018 por la equiparación salarial. Fue el único colectivo del Ministerio de Interior, dependiente de la Secretaría de Estado de Seguridad, que no logró absolutamente ninguna mejora, aunque como dispuso el Real Decreto 139/2020 la Secretaría General Penitenciaria ya no está incluida entre los órganos dependientes de la Secretaría de Estado de seguridad y ha pasado a depender directamente de la persona titular del departamento", concluye el sindicato en su comunicado.