Los tribunales avalan la municipalización del aparcamiento de la Plaza Mayor de Valladolid

Valladolid

La decisión de municipalizar la gestión del aparcamiento de la Plaza Mayor fue "acertada" y "acorde a las normas jurídicas" y el procedimiento también fue "correcto". Todas las decisiones fueron “ajustadas a derecho”. Así se señalana en la sentencia del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo Número 1 de Valladolid, que avala todas las actuaciones aprobadas por el Gobierno Municipal y que desestima “íntegramente” las pretensiones de la empresa privada, según ha señalado el consistorio a través de un comunicado. De esta manera, los tribunales echan por tierra las peticiones formuladas por Aparcamientos Españoles S.A. contra el Acuerdo de la Junta de Gobierno de 3 de noviembre de 2021, que recuperó la gestión directa del estacionamiento.

La sentencia rechaza todas las demandas de la concesionaria que impugnó la decisión del equipo de gobierno municipal que fijó como fecha de fin de la concesión, para la primera y segunda planta el 4 de octubre de 2021 (la empresa solicitaba que se extendiese hasta el año 2040 ó 2035). También se desestima la solicitud de indemnización de daños y perjuicios como consecuencia del cierre del aparcamiento durante los meses en que se realizaron las obras de acceso y que habían sido valorados en 693.590 euros.

La concesión para la construcción y explotación del aparcamiento subterráneo se adjudicó en 1970. La planta primera entró en funcionamient en 1972, y fue este primer sótano el que generaba los mayores ingresos durante toda la vida de la concesión. La segunda planta estuvo operativa desde 1997. De acuerdo con las cláusulas del contrato, la duración de la explotación de cada nivel sería de 43 años a contar desde su entrada en funcionamiento respectivo. Pero en 1989 se modificó el contrato, a fin de unificar el plazo de finalización, que quedó concretado en octubre de 2021, si bien como consecuencia de "vicisitudes procedimentales y reclamaciones de la concesionaria", no se pudo tomar posesión efectiva hasta el 4 de enero de 2022.

La sentencia dispone que “cabe afirmar que la determinación de la fecha final de la concesión se ha efectuado por la Administración demandada ajustándose al acuerdo de modificación de 1989, estableciendo un plazo común para ambas plantas que permite mantener el equilibrio de la concesión en los términos pactados, y tomando en consideración para ello el período de suspensión de la concesión por la ejecución de las obras de acceso al aparcamiento. No se aprecia incorrección en la interpretación aplicada por la Administración demandada”. La resolución judicial confirma la actuación del Ayuntamiento tanto en el fondo como en la forma, según señalan fuentes del equipo de gobierno.

Mediante la demanda interpuesta la concesionaria pretendía seguir explotando el parking hasta el 2040 tras haber declarado que tenía unos ingresos anuales que ascendían a 693.590,73 euros, a cambio de un canon que pagaba al Ayuntamiento de 6.489 euros en 2020.

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