Aceptan el recurso de las constructoras contra la licitación de la plataforma de Alta Velocidad Palencia-Aguilar de Campoo
Es uno de los 30 recursos presentados a licitaciones de ADIF repartidas por todo el territorio nacional
Prospera un recurso que afecta a un tramo del AVE en Palencia / Getty Images
Palencia
El Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales (TACRC) ha aceptado el recurso interpuesto por la Confederación Nacional de la Construcción contra la licitación de la ejecución de la plataforma de Alta Velocidad Palencia-Aguilar de Campoo promovida por ADIF. Se da la circunstancia de que este es uno de los 30 recursos presentados por las constructoras a licitaciones de ADIF repartidas por todo el territorio nacional.
Esos recursos obligaron a paralizar las licitaciones de esa treintena de proyectos que suman más de 2.000 millones de euros y que deberían ser cofinanciados en muchos de los casos con los fondos Next Generation. Al aceptar el tribunal el recurso de Palencia, a priori se abriría la vía para desbloquear el resto de proyectos que ahora mismo estaban paralizados.
Entre otras cuestiones, la Confederación de Empresas de la Construcción ponía el acento en su recurso oponiéndose all hecho de que “en el pliego se contienen obligaciones esenciales para la ejecución del contrato que no cumplen los requisitos de la Ley de Contratos del Sector Público”.
También criticaban lo que consideran una inclusión especial para la ejecución del contrato la consistente en la “obligación de abstenerse de realizar conductas que tengan por objeto o puedan producir el efecto de impedir, restringir o falsear la competencia” y mantenerse “no incurso en prohibición de contratar” durante el periodo de ejecución del contrato y hasta su liquidación”, ya que señalan que “no es compatible con la regulación que hace la LCSP de las prohibiciones de contratar: O se declara la prohibición de contratar con su duración y publicación o la misma carece de virtualidad para el contrato en vigor”.
Igualmente, entre otras cuestiones, consideraban que, “si se incumplieran estas obligaciones esenciales del contrato, tienen unas desproporcionadas consecuencias jurídicas”. Ahora la pelota está en el tejado del Tribunal Administrativo Centralizado de Recursos Contractuales.
