A juicio este lunes las dos hermanas que regentaban un criadero ilegal de perros 'yorkshire' en Valladolid

Valladolid

El lunes 26 de septiembre lunes tendrá lugar en el juzgado de lo penal número 3 de Valladolid el juicio contra las dos mujeres, hermanas, que tenían un criadero ilegal de perros yorkshire en un local de la calle Santa Clara. Fue la llamada de una vecina la que motivó, en abril de 2020, la intervención de la Policía Municipal que permitió descubrir las condiciones sanitarias lamentables en las que vivían los 52 animales.

El local carecía de luz natural y de ventilación. Estaban hacinados en cajas de cartón, cubos, trasportines, y jaulas oxidadas de pequeñas dimensiones, sucios, hambrientos, y llenos de parásitos. La mayoría de los animales presentaban diversas patologías que suponían un grave deterioro de su salud, tales como deformidad en las extremidades debido a un mal crecimiento, dermatitis generalizada y pododermatitis por la falta de aseo, conjuntivitis bacteriana y otitis, úlceras corneales cicatrizadas, posiblemente como consecuencia de arañarse entre ellos, al estar hacinados; falta de piezas dentales asociada a la existencia de grandes placas de sarro, con retracción de las encías y paralización derivada del miedo provocado por el contacto con el exterior, tras un tiempo prolongado encerrados en trasportín. Una de las hembras, en estado de gestación, tuvo un aborto de un feto muerto, y uno de los machos, con un cuadro clínico de incontinencia urinaria constante, fue diagnosticado de glomerulonefritis grave. Otro, que fue tratado en la clínica “Huellas Vet Pet”, reingresó el 2 de mayo, quedó hospitalizado tres días y, finalmente, falleció.

La Fiscalía solicita un año de prisión para cada una de las acusadas así como el pago de 14.559 euros al Ayuntamiento de Valladolid por los gastos veterinarios que ocasionó el tratamiento de los perros rescatados.

La acusación que ejerce el consistorio pide para las hermanas seis meses de cárcel y les reclama el pago de la misma cantidad en concepto de responsabilidad civil. Tanto el Ministerio Público como la acusación particular demandan diferentes inhabilitaciones para que las dos acusadas tengan prohibido ejercer cualquier oficio o actividad vinculada con los animales.