El Partido Castellano reclama al gobierno los 950 millones que anunció para el entorno de Garoña tras decidir el cierre de la central nuclear
El llamado Plan Garoña presentado en 2009 tenía como objetivo compensar la pérdida de unos 800 empleos que sostenía la planta de Nuclenor
La central nuclear de Santa María de Garoña dejó de funcionar en 2012 / EFE
Burgos
El Partido Castellano-Tierra Comunera (PCAS-TC) reclama al Estado los 950 millones prometidos para reactivar el entorno de Garoña por el gobierno de Rodríguez Zapatero en 2009, tras decidir el desmantelamiento de la central nuclear.
El llamado Plan Garoña nació con el fin de paliar las consecuencias del cierre de la planta nuclear, que incluía una treintena de proyectos dirigidos a fortalecer la estructura productiva de la zona y garantizar un crecimiento estable. De ellas, únicamente, se realizaron una docena de acciones menores, asegura el secretario general de los castellanistas en Burgos, Domingo Hernández, que recuerda la presentación de aquellas inversiones como una especie de 'Plan Marshall'.
Entre las actuaciones anunciadas se encontraban: agilizar la línea de Alta Velocidad Burgos-Vitoria, la Vía Verde Meseta Castellana-Cantábrico, la mejora de la carretera N-629, los proyectos de desdoblamiento de la N-I y de la construcción de la autopista Dos Mares.
También estaba previsto crear en Miranda de Ebro un punto nodal del Corredor Cantábrico-Mediterráneo donde confluirán vías de comunicación por carretera y ferrocarril; construcción en la zona de un Parador Nacional o crear un proyecto de Investigación y Desarrollo Tecnológico de los procesos de desmantelamiento de la central de Santa María de Garoña.
Ahora que Vox ha devuelto a la actualidad la nuclear del Valle de Tobalina con su petición de reapertura, los castellanistas consideran que es una medida inviable, tras 10 años cerrada, que ni siquiera la empresa contempla. Hernández tacha de populista y precipitado el anuncio de los socios del PP en el gobierno regional.
El Partido Castellano ha registrado un escrito en el que pide al gobierno central una partida de 500 millones en el presupuesto de 2023 y otros 450 millones en los 3 siguientes ejercicios, para generar actividad en la zona castigada por el cierre de Garoña y asentar población en este territorio del norte de la provincia.
A la Junta de Castilla y León le solicitan una 'excepción burgalesa' en el coste de la electricidad al ser una de las provincias que alimentan con producción renovable a muchas otras que son deficitarias.
Los comuneros siguen apostando por las energías renovables, oponiéndose a grandes infraestructuras que crecen sin orden ni sentido en Burgos y en el conjunto de Castilla y León, con el único objetivo de exportar energía a otras regiones, y pagarla la ciudadanía de nuestra comunidad igual de cara que aquellas que carecen de producción autosuficiente.
