Ocho votos de diferencia entre los transportistas bercianos dan su "sí" a la la Plataforma Nacional para volver a la huelga

Todo dependerá aún así de lo que decida a nivel nacional la Plataforma Nacional en Defensa del Transporte, que es quien en esta ocasión ha convocado las asambleas y el paro que empezaría a ser efectivo el próximo 4 de julio si no se produce ningún avance en las negociaciones con el Gobierno.

El delegado de la Plataforma en la zona, Aurelio Feliz, explicó a los asistentes que es "imprescindible que el Gobierno legisle el trabajo a pérdidas", la principal reivindicación del sector en un momento en el que el precio de los carburantes les ha devuelto a la situación de "banca rota" del pasado mes de marzo. Han puesto de fecha límite hasta el 30 de junio para que se atienda sus peticiones, en caso contrario irán al paro en el caso de que ese sea el resultado mayoritario de todas las asambleas a nivel nacional que está realizando este fin de semana la Plataforma en todo el territorio nacional.

"Estamos igual que en el mes de febrero en precios, y los gastos han aumentado. Un camión de 40tn que facture unos 10.000 euros tiene que pagar 6.000 euros de gasoil. Eso es imposible de aguantar", dice Feliz. "Estamos hasta las narices porque ningún negocio es viable trabajando a pérdidas", dice otro de los transportistas que acudió a la asamblea. "Esto se va al tacho, los gastos se han duplicado, no te queda ni para comer... no se puede hacer nada más...yo llevo 35 años y no voy a llegar a jubilarme... es insoportable, yo voy hasta el norte de Francia y Holanda y al gasoil tengo que sumar los peajes...no salen los números", explica otro de los transportistas que se muestra a favor del paro.

Hay sin embargo quienes han votado en contra de esa convocatoria. Según explicaron, el Gobierno ha abierto un proceso de negociación sobre la Ley de cadena alimentaria al transporte de mercancías por carretera, y cuyo texto final, tal y como recogen estos acuerdos, se pretende que esté elaborado antes del próximo 31 de julio. Con ella se legislará la aplicación de los costes al transporte y cargadores, de tal manera que el precio que percibirá un transportista por sus servicios deberá ser siempre igual o superior a sus costes efectivos individuales. Para ello se propone, entre otros aspectos, fomentar la transparencia en la contratación y subcontratación de las operaciones de transporte.