Parece ser que todos ganan
La Comisión de Industria del Senado aprueba la enmienda del PSOE que concede una moratoria de dos años para que la industria farmacéutica adapte su producción al nuevo impuesto de gases fluorados, mientras el PP se atribuye esta circunstancia a sus negociaciones con ERC
Fábrica GSK / GSK
Aranda de Duero
Después del revuelo y la polémica que se ha formado en relación a la Ley de Transparencia a la Pequeña y Mediana Empresa y en concreto el nuevo tributo que incluye para los gases fluorados y la repercusión negativa que podría tener en la fabricación de Ventolín en industria farmacéutica GSK, al final parece que el PP y el PSOE están igual de satisfechos en la tramitación de este proyecto.
Los populares hacían pública este lunes después del debate en la Comisión de Industria del Senado una nota de prensa en la que se congratulaba del resultado. “El Partido Socialista ha asumido la imposición de ERC para ampliar la moratoria de fabricación de los inhaladores de rescate, tal y como había propuesto el PP y las empresas afectadas de Aranda y de Barcelona, aunque sean dos años menos”, señalaba”, asegurando que la negociación de su partido con la formación catalana “permite ampliar la moratoria para modernizar los procesos de producción de Glaxo y tener viabilidad en el futuro”, de tal manera que la empresa arandina tendrá dos años más para adaptarse a los procesos de producción del medicamento Ventolín. Recalcaba que el PSOE había asumido “la imposición de ERC para no perder la votación parlamentaria”.
Los socialistas ven la misma realidad desde otra perspectiva muy diferente. El PSOE de Burgos destacaba en un tweet que “la única enmienda que ha incorporado en ponencia el Senado que concede dos años más a Glaxo para adaptarse a la normativa europea es la del PSOE y ERC”. En este sentido, la senadora Mar Arnaiz, salió a responder al PP y a su intento de atribuirse esta moratoria para modernizar los procesos de producción de la farmacéutica arandina “en un intento desesperado por enmendar el miedo infundado que generaron sus senadores Javier Lacalle y Cristina Ayala en Aranda sobre el futuro de una planta que da empleo a cerca de seiscientas personas en la capital ribereña, intentando culpar al Gobierno”, afirmaba. La parlamentaria socialista recalcaba que la enmienda que recibía el dictamen positivo de la comisión “es la única de las 30 registrada que se ha incorporado al texto, mientras que el resto se debatirán en el pleno de la Cámara Alta este miércoles”, insiste Arnaiz, que lamenta que los senadores populares burgaleses “vuelvan a recurrir a la mentira” para intentar rentabilizar un éxito del PSOE.
