El PP presenta en el Senado una enmienda a una ley del PSOE para salvar a GSK de un desastre

Aranda de Duero

El Partido Popular ha presentado una enmienda en el Senado al Proyecto de Ley de Transparencia a la Pequeña y Mediana Empresa del PSOE, que considera que podría suponer un desastre para dos industrias farmacéuticas, la fábrica arandina de GSK y otra de Barcelona.

Y es que una de sus disposiciones implica gravar a la industria con un nuevo impuesto de gases fluorados, que en el sector de electrodomésticos, por ejemplo, supondría aplicar a los frigoríficos nuevos un tributo del que hasta ahora están libres. El ámbito farmacéutico tampoco se libraría de este gravamen y aunque el proyecto de ley contempla exenciones hasta el 31 de diciembre de 2024, los populares entienden que esta moratoria no da margen suficiente para adaptarse a este cambio de las “reglas del juego”, por lo que plantean alargarla cuatro años más en el caso de los llamados “inhaladores de rescate”, como es el caso de Ventolín, el buque insignia de la planta arandina. “Dentro de una semana será tarde ahora, pero estamos a tiempo y nuestro mensaje es informar a los arandinos, a los habitantes de La Ribera del Duero y de Burgos de este problema que se ha generado a la chita callando, por la puerta de atrás, sobre un proyecto que nada tiene que ver con la parte fiscal”, explica el senador Javier Lacalle. “Ya nos han clavado toda la tributación fiscal, todos los impuestos que todos conocemos durante los últimos años y ahora un nuevo impuesto con esta afección muy directa con carácter general ara 34.000 empresas en España, pero de una forma muy específica a laboratorios que están fabricando Ventolín o todos esos inhaladores de rescate”, detalla el parlamentario burgalés.

El PP justifica esta iniciativa parlamentaria en que el proyecto de ley socialista, de aprobarse en los términos que plantea, disminuiría la competitividad de la industria farmacéutica española (tanto GSK en Aranda los laboratorios de Esplugues de Llobregat) en agravio comparativo con otros países, como Francia o Gran Bretaña, donde no existe esa carga fiscal. La enmienda explica que esta nueva situación supondría perder una gran inversión prevista por estas empresas para adaptar sus plantas a una producción mucho más sostenible, lo que implicaría pérdida de puestos de trabajo. “Hace que sea inviable la producción de ese medicamento con el gravamen que se quiere establecer pero también una consecuencia añadida indirecta, que es tanto o más importante que la anterior, y es que la inversión que está pensando en estos momentos la multinacional para renovar todos los equipos en una de sus plantas, la de Aranda, o en otros lugares de Europa, que esa inversión se derive a otro país, posiblemente Francia, en lugar de hacerlo en España, en Aranda, y estamos hablando de una inversión que significa cambiar todo el equipamiento, todas las máquinas de producción de este medicamento para que se emita menos CO2 a la atmósfera, porque es verdad que la producción de este medicamento lleva a una contaminación significativa de gases de CO2 y lo que se está haciendo -y los primeros interesados en ello son la empresa- es cambiar, modificar, trabajar ya en transformar todo el proceso de producción que va a permitir que se reduzca el 90% de las emisiones que en estos momentos tiene la producción de este medicamento”, añade Lacalle.

Los populares sabrán el lunes si cuentan con apoyo suficiente de otros grupos parlamentarios en la comisión donde se debaten sus enmiendas, dos días antes de que el proyecto de ley se lleve al Senado para su aprobación.