Desde el año 2018, la exclusión severa ha aumentado un 54% y ya afecta a 225.000 personas en CYL
Más de 120.000 familias castellanoleonesas quedan en situación de pobreza severa una vez realizado el pago del alquiler o la hipoteca
Presentación del informe
Palencia
Se ha presentado en Palencia el informe de FOESSA Castilla y león sobre exclusión social y desarrollo social en la comunidad que pone de manifiesto datos tan preocupantes como que desde el año 2018, la exclusión severa ha aumentado un 54% y ya afecta a 225.000 personas, 79.000 más que antes de la crisis sanitaria. Que más de 120 mil familias castellanoleonesas quedan en situación de pobreza severa una vez realizado el pago del alquiler o la hipoteca. Y que uno de cada seis habitantes (1896) de esta comunidad autónoma se encuentran en exclusión social, lo que supone un total de 426.000 personas en una situación de importante desventaja.
CONCLUSIONES MÁS IMPORTANTES
• Aumentan las tasas de exclusión social y se reduce el espacio de la integración plena. La exclusión en el eje político y de ciudadanía es la que afecta a una mayor proporción de personas, pero crece más el impacto de la exclusión en los ejes económico y relacional.
Se reduce el porcentaje de personas que no tienen problemas en ninguna dimensión, y crece el de quienes tienen problemas en una, dos, tres y cuatro o más dimensiones de la vida cotidiana. Los gastos excesivos de vivienda, la inestabilidad laboral y las limitaciones a la participación política son los problemas más frecuentes y afectan a entre un 8% y un 13% de la población.
Los colectivos más afectados por la exclusión social: hogares en situación de pobreza se vera, hogares sin ingresos y hogares cuya persona sustentadora principal busca empleo. La exclusión crece entre las personas sin ingresos, los hogares unipersonales y las personas que solo perciben ingresos asistenciales. La COVID-19 sacude el mercado de trabajo y crecen notablemente los problemas relacionados con el empleo.
Aumenta el porcentaje de la población afectada por problemas en la dimensión de la vivienda, aunque disminuye la incidencia entre la población en situación de exclusión social. Se reduce el porcentaje de población con problemas de exclusión social en la dimensión de la salud, pese al mayor impacto de la CO VID-19.
Aumentan los problemas de exclusión social vinculados a las relaciones sociales y se debilitan notablemente las redes de ayuda mutua entre hogares.
• La brecha digital afecta en mayor medida a los hogares en situación de exclusión severa.
• Aumentan las situaciones de privación material en un contexto socioeconómico que había evolucionado favorablemente desde 2015 •En torno al 1,5% de la población -el 24,8% de la población en situación de pobreza severa se beneficia en Castilla y León del IMV, que, poco tiempo, ha logrado superar en percepto res a la Renta Garantizada de Ciudadanía.
Uno de los principales obstáculos al acceso al IMV es su alto desconocimiento en los hogares en situación de pobreza severa.
RETOS
FOESSA, observa que la crisis de la Covid-19 ha dejado una gran huella en Castilla y León, especialmente por los problemas no resueltos de la anterior crisis, la de 2008 a 2013. Para mejorar esta situación en la Comunidad es im portante perfeccionar el sistema de protección social, y poner en marcha los siguientes puntos de actuación:
Mantener estables para el futuro las medidas provisionales tomadas en el caso de la salud, la vivienda o la protección social, adaptándolos a los distintos periodos de estabilidad económica. El principal reto es evitar nuevas situaciones de exclusión y que las existentes no se vuelvan crónicas.
Mejorar la cobertura del Ingreso Mínimo Vi tal, ya que supone un notable avance social. Según datos del Ministerio, hasta septiembre del pasado año, se habían aprobado más de 51.000 solicitudes del Ingreso Mínimo Vital, que incluyen aproximadamente unas 35.000 personas beneficiarias, esto supone alrededor de una persona beneficiaria por cada cuatro personas en situación de pobreza severa en Castilla y León (el 25% frente al 19% en España).
Reclamamos un estado de bienestar que dé acceso a los derechos de todas las personas, empezando por los más vulnerables. Así como una desvinculación del acceso a los derechos con el mercado laboral. Es urgente implementar medidas que reduzcan la hiperflexibilidad laboral, los empleos no cualificados, temporales y precarios, que afectan sobre todo a los sectores más excluidos.
La complementación de los salarios escasos con otras medidas redistributivas, a modo de estímulos al empleo.
Garantizar un sistema de salud público de calidad y un cambio de estrategia en la atención a personas dependientes. Para garantiza la igualdad y evitar la exclusión social, es preciso incrementar la inversión en atención sanitaria, para mejorar la calidad y atender específicamente la salud mental. Una salud mental que ha vuelto a sufrir un gran impacto con la pandemia.
Establecer un plan contra la exclusión residencial, Casi dos de cada diez familias castellanoleonesas residen en viviendas inadecuar y una cuarta parte sufren problemas de inestabilidad residencial. Más de 119 mil hogares no tuvieron dinero suficiente, para el pago los gastos relacionados con la vivienda.
• Superar la brecha educativa provocada el apagón digital, poniendo los medios necesarios para que todas las personas pueda esperar la brecha digital. Sin olvidar que es preciso mantener las puertas no digitales tas, para que las personas más excluid este aspecto no se queden fuera de la dad.
• Avanzar hacia servicios sociales adaptados las realidades sociales del siglo XXI. La magnitud de la exclusión severa no sólo de una mayor intervención por parte de los servicios sociales, sino un continuo proceso adaptación, tanto del modelo de traba como del modo de organización.
